Chaves y Griñán

Visto desde fuera, el caso de los ERES de Andalucía —desvío hacia los sindicatos y a determinadas empresas de los fondos destinados a cursos de formación—, se asemeja más a una política que a una trama diseñada para delinquir apropiándose de caudales públicos. Pero ése no tiene por qué ser el punto de exigencia de responsabilidades que corresponde substanciar a la Justicia. A ése registro político presentado como acto ajeno al lucro personal es al que se acogen los ex presidentes de la Junta para defenderse de la acusaciones que están en la mente de todos. En el capítulo en el que nos encontramos los ex presidentes pueden sostener ante la opinión pública su deseo de colaborar con los tribunales para esclarecer el caso. En el segundo supuesto ya no sería su voluntad sino la fuerza de la Justicia quien marcaría los tiempos.

Pinta mal para ellos porque a raíz de la dilatada instrucción del caso por la juez Mercedes Alaya, en la opinión pública está muy arraigada la idea de que la Junta de Andalucía trasvasó fondos a espuertas a sindicatos y empresas sin control alguno respecto del destino de esos dineros. De quedar probado estaríamos, como poco, ante un delito de malversación de caudales públicos. Si es que no hay otros relacionados con falsedad en documento público y prevaricación por parte de alguno de los antiguos responsables de la Junta (consejero y directores generales) que ya están imputados. Veremos en qué queda el asunto en su registro judicial, pero ya digo que pinta mal. El color es el mismo en la consideración política del asunto. El PSOE y sus nuevos dirigentes Pedro Sánchez y Susana Díaz (con razón) han levantado muy alta la voz advirtiendo contra la corrupción. En este tiempo en el que la opinión pública frente a la corrupción ha pasado de estar sensible a estar soliviantada, ya no valen palabras, son los hechos los que deben hablar. Por eso creo que lo señores Chaves y Griñan, deberían resignar sus actas parlamentarias. El primero en el Congreso y el segundo ante el Senado. Quienes han sido, amén de ministros y presidentes de la Junta, presidentes, también, del Partido Socialista, deberían tomar la iniciativa ahorrándole a la dirección actual del partido el dilema de tener que aplicarles el mismo rasero que a Virgilio Zapatero. Por cierto que Virgilio Zapatero nunca estuvo imputado ni acusado por el caso de las tarjetas black de Cajamadrid. Lo justo, o es igual para todos, o deja de ser justo.