Algo se mueve en España para cambiarla

E n la fiesta de la Constitución más desvaída y con menos asistencia que se recuerda en el Congreso de los Diputados, se podía apreciar, más allá de las declaraciones oficiales, que algo se mueve en España. Para cambiarla.Tiene razón Mariano Rajoy al decir ayer que, en 1978, cuando se aprobó la Constitución, éramos la mitad de lo que somos en riqueza y renta, y bastante menos que eso en infraestructuras y servicios sociales.

Aprovechó para cargar contra Pedro Sánchez por haber pedido la reforma del articulo 135 de la Constitución, el que se aprobó en el verano de 2011 y que el propio Sánchez votó como diputado, a propuesta del presidente Zapatero, el mismo artículo que permitió después a Rajoy recortes durísimos.

Pero, aún así, creímos apreciar entre la declaración oficial del Presidente a la entrada del Congreso y la breve conversación que mantuvimos con él a la salida, que si se sigue avanzando en clarificar propuestas, aparecerá margen para un cambio positivo. Ojalá sea así.

Algo se mueve en Madrid, en Barcelona y en toda España. Y no solo en torno a la Constitución y los partidos. El exministro Salvador Sánchez Terán preside la Plataforma G20/20 que reúne a veinte fundaciones que trabajan para mejorar este país denunciando excesos y formulando propuestas constructivas. Entre ellas, por ejemplo, la Fundación Civio que hurga diariamente en el Boletín Oficial del Estado en busca de irregularidades y dispone de un «Indultómetro», a saber, el control de los indultos que aprueba el Consejo de Ministros, y que ha logrado frenar el escándalo de anular condenas a corruptos y enchufados varios.

El «indultómetro» demuestra que desde 1996 con la llegada de Aznar al poder se dispararon las medidas de gracia, denunciando que no se trata de algo excepcional como se pensaba, sino que los indultos desde entonces superan los diez mil. Es un gran escándalo porque supone un promedio de más de veinte indultos por reunión de Consejo de Ministros, lo que significa que en época de Aznar debía haber sesiones con casi cien.

La convocatoria del G20/20 culminaba con un Manifiesto por la Transparencia en administraciones, empresas, bancos y medios de comunicación proponiendo quince medidas para limpiar el país. Hace falta una escoba y la sociedad civil se ha puesto a trabajar y no solo a denunciar.

Esta misma semana también en Barcelona, Societat Civil Catalana, una asociación de ciudadanos que no quieren la independencia, reunió a seis catedráticos de Derecho para hablar de la posible reforma de la Constitución que encaje tensiones territoriales y así fortalecer lazos con el resto de España. Su vicepresidente, Joaquim Coll, apeló a la «convivencia entre los catalanes, y también entre catalanes y españoles frente al proyecto de ruptura económica, social, cultural, histórica y sentimental que propone el secesionismo».

Y también en Cataluña ha nacido una asociación fundada por un centenar de pymes que no quieren esa ruptura del mercado económico español. De nuevo, algo se mueve. La sociedad civil no quiere dejar en manos de los partidos el cambio necesario porque, o no se hará, o será solo cosmético.

Preguntado por la posible reforma de la Constitución, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, uno de los pocos presidentes autonómicos que asistió ayer al Congreso, lanzaba esta afirmación: «Es más fácil agitar banderas que pagar facturas y el problema de Cataluña no son los catalanes, sino la Generalitat que debe 70.000 millones de euros mientras que Galicia debe solo 9.000». Como Cataluña tiene casi el triple de la población gallega, su deuda equivalente, admitiendo esa comparación, llegaría a 25.000 millones y tiene casi el triple. Núñez Feijóo es rotundo en ese asunto: «Por un lado se pide independencia y, al tiempo, dinero para llegar a fin de mes».

Qué pena de reflexiones perdidas para un debate hasta ahora inexistente y, sin embargo, tan necesario. Para cambiar España, el diálogo es básico,significa la antesala del consenso y aquí se dialoga poco. Pero hay esperanza: algo se mueve en la sociedad civil.