Más dureza penal

C on unas prisas poco justificables que suscitan temores sobre la calidad de la tarea legislativa, la reforma del Código Penal ha salido ya del Congreso hacia el Senado, y lo ha hecho con algunas llamativas características, la más inquietante de las cuales es que hemos endurecido todavía más uno de los códigos penales más duros de nuestro contexto occidental, como reconoció recientemente la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en el Congreso. La novedad más aparatosa del nuevo código será la figura de la prisión permanente revisable, que hará posible el internamiento de por vida de los autores de delitos graves que no se hayan reinsertado. El parangón de esta pena con la cadena perpetua, prohibida expresamente por la Constitución, es evidente, lo que hace dudar de la constitucionalidad de la medida, que en todo caso choca con el criterio de la Carta Magna que se expresa son meridiana claridad: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Además, como se ha recordado, ya existe un cumplimiento efectivo de hasta 40 años sin revisión posible, aplicable en casos extremos, que satisface todas las necesidades de proteger a la sociedad de delincuentes reincidentes y extremadamente peligrosos.

El Código ha prosperado con lo únicos votos del partido del Gobierno, cuando la anterior reforma, de 2010, se hizo por consenso, del que se desmarcó el PP (se abstuvo) porque no se incluyó entonces la prisión permanente revisable. Por supuesto, esto no resta legitimidad a la reforma pero sí la inestabiliza porque es evidente que a la primera alternancia se producirán nuevos cambios. Máxime cuando se han deslizado otros asuntos muy controvertidos. Como por ejemplo la muy controvertible desaparición de las faltas; o la elevación de 12 a 16 años de la edad de consentimiento, demasiado alta en un país en que el matrimonio es posible a partir de los 14 años, y que también ha sido criticada por Consuelo Madrigal, que ha sido muchos años fiscal de Menores en el Supremo y conoce por tanto muy bien la materia. La falta de consenso se ha hecho ostensible: el mismo miércoles, sesenta catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas, Greenpeace y Amnistía Internacional se posicionaban en sendos manifiestos contra la reforma.

El Código Penal castigará por fin la financiación ilegal de los partidos, aunque sólo irá a prisión el miembro de un partido que reciba 500.000 euros o más de un solo donante. Es evidente que el límites es demasiado alto si de verdad se quiere imponer la transparencia y acabar con la lacra de la corrupción que nos invade.

Algún parlamentario de la oposición ha dicho que este planteamiento es «una desfachatez». Tampoco se ha introducido la figura del enriquecimiento ilícito, que hubiera permitido a los jueces averiguar el origen de las fortunas inexplicables de los políticos.