Cuna del parlamentarismo, pervierte la democracia

P rimavera de 1188. Azuzado por la necesidad de estabilidad económica, un rey que apenas supera los 17 años congrega en el claustro de San Isidoro a delegados electos de todas las ciudades del reino para convocar las primeras Cortes en las que estarían presentes. Estrechez de recursos y pugnas con musulmanes le exigen permitir la participación de campesinos y burgueses. Lucha de clases, en esencia. Con un primitivo sistema de representación, Alfonso IX ve limitado su poder y dota a la clase no privilegiada de una forma de empoderamiento. Plasmado en decretos, su resultado fue un documento que recogía derechos individuales y colectivos, en tanto que explicitaba la inviolabilidad del domicilio y la necesidad de convocar Cortes para hacer la guerra o declarar la paz.

La historia de León se antoja cruel. Vanguardia de las libertades, hecho reconocido por la Unesco en 2013 al otorgar el título de Memoria del Mundo, su valor ha sido destripado de significado democrático con el transcurso del tiempo. Vacuidad glorificada. Instrumentalizar este acontecimiento solo sirve para pervertir un hito histórico, convertir en campaña publicitaria lo que debiera ser un motivo de enaltecimiento popular. Razón suficiente para no querer alargarme en exceso sobre vicisitudes medievales. No es el otrora el que nos concierne, sino el ahora.

Y es ahora, tras varios años de proceso de transformación social, fruto en gran medida del 15-M, cuando se abren nuevos horizontes de transformación política. Al ocupar un espacio político que permanecía vacío, todos los observadores concuerdan en que el análisis realizado por varios politólogos de la Complutense es certero. El ascenso irrefrenable de Podemos ha cogido a la mayoría por sorpresa. Existe una brecha en el consenso del 78 y su cuestionamiento, gracias en parte a la corrupción endémica, puede establecer vías para la apertura de un proceso constituyente que ponga sobre la mesa el debate federal. Para analizar la problemática local, no obstante, es indispensable entender cómo transcurrieron aquí los eventos de la Transición y el proceso autonómico.

«La autonomía de León, para UCD no es ni ha sido nunca una cuestión de partido, sino una cuestión leonesa». Declaraciones de Martín Villa en 1979, pronunciadas tras un encuentro con parlamentarios de Zamora y Salamanca. La «cuestión leonesa» fue utilizada torticeramente para crear un ente territorial en torno a la cuenca del Duero. Nombrado presidente de la comisión de autonomías de UCD, el antiguo ministro amenazó y coaccionó a concejales para votar en pleno a favor de la inclusión de León en la preautonomía. De nada sirvió el recurso presentado en la Audiencia Provincial de Valladolid: el perjuicio a la tradición democrática y soberana de los leoneses se había realizado con tácticas caciquiles. Tampoco sirvieron las multitudinarias manifestaciones callejeras, primaron las «razones de Estado».

Con una administración territorial viciada, heredera en su estructura orgánica del franquismo y con polos de desarrollo dominantes, se ahondó en la perversión de la representación política. Al asentarse la nueva autonomía, también lo hicieron unas redes clientelares alrededor de los partidos que la promovieron. No es casualidad, por ende, que la plusmarca de acumulación de cargos públicos esté en Castilla y León, personificada en los presidentes de las diputaciones de Ávila y León.

Es el caso de Isabel Carrasco. Elegida a dedo como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en 1987, Carrasco entró en política de la mano de José María Aznar. Gestora al servicio de los intereses de una autonomía desestructurada por su artificiosidad, entra en una espiral de ausencia de contacto con los intereses reales de la población, la cual queda en evidencia por su propia idiosincrasia. Aquellos que presenciaron su paso por diferentes instituciones no se mostraron impasibles. Antes de ser trágicamente asesinada por miembros de su propio partido, ocupaba el puesto de presidenta de la Diputación. En el momento de mayor ostentación llegó a ocupar trece cargos, dejando patente el maquiavelismo de la política local. La tensión denota un conflicto de intereses; prevalecen, además de los individuales, los intereses autonómicos.

La construcción histórica de León ha sido en gran medida deshecha a causa de esta autonomía. Con un territorio siempre menguante en el ideario colectivo español, la conciencia de pueblo está cuarteada. La identidad leonesa, reducida a lo anecdótico desde el establishment autonómico, es confinada al ámbito provincial o incluso municipal. La permanencia en el tiempo de esta comunidad autónoma pasa indefectiblemente por hacerlo así, limitando en la medida de lo posible cualquier manifestación de diferenciación, desmantelando las infraestructuras que vertebran las provincias leonesas y contribuyendo así a su desertización. El movimiento autonomista no ha podido o no ha sabido articularse políticamente, por corruptelas pasadas y atomización actual. Con una identidad debilitada, la lucha ejercida por los leoneses en los primeros años de apertura democrática ha sido en apariencia olvidada. La «cuestión leonesa», durante años sumida en un letargo social, se erige como una de las prioridades que serán abordadas cuando el cuestionamiento constitucional del 78 sea plasmado. Antes de que este periodo de mutación culmine, el leonesismo debe arrojar luz sobre el porqué del apoyo masivo a los partidos que mantienen el statu quo, entendiendo la razón de ser de esta red clientelar y desmontando su estructura de arriba a abajo. Como ya fue su naturaleza en el momento de mayor esplendor, el eje sobre el que debe sustentarse el futuro autogobierno leonés debe ser la radicalidad democrática.