EDITORIAL: Carbón: de los incumplimientos a la inevitable agonía del sector

En plena efervescencia de las movilizaciones mineras, que esta semana se centrarán en los contactos políticos y para la próxima se prevén las protestas más duras, Gas Natural Fenosa contestaba ayer a la protesta minera ante las puertas de su térmica para exigir la compra y quema de carbón que lo hará siempre que la Vasco, con la que asegura estar negociando ya, acceda a pactar un precio que permita a la eléctrica competir en un mercado ahora ya libre.

Ese ocurre en un momento en el que los precios del carbón son excepcionalmente bajos e imposibilitan la competencia para un mineral autóctono con costes de producción más altos y en pleno proceso de reestructuración. En esa situación hay tres problemas añadidos. Uno, que la térmica roblana acumula un stock de 580.000 toneladas de mineral nacional que le permitiría funcionar durante más de un año. Dos, que desde el primer día del año, una vez cumplida la vigencia del anterior, no se aplica el mecanismo de restricciones por el que desde 2011 el Gobierno dicta cuánto carbón y a qué precio tienen que comprarlo las eléctricas a las mineras. Y tres, que desapareció ese marco regulador del consumo de carbón nacional las térmicas se ven obligadas a competir al día con el resto de los productores del sistema para que Red Eléctrica acepte sus precios y puedan generar energía. Esa competitividad la determina fundamentalmente el coste del combustible y en ese escenario se mueven con ventaja las renovables —son tiempos muy favorables para la producción eólica e hidráulica— y las nucleares. Sólo la oferta de precio permite la entrada de las demás, porque, presionado por la fuerte caída de la demanda eléctrica, el hueco térmico se contrae de tal manera que incluso las centrales de ciclo combinado están prácticamente paralizadas.

Es justamente la falta de ese mecanismo regulador que sustituya al de garantía de suministro lo que genera la insostenible situación de la minería. Un punto al que se ha llegado por la falta de voluntad del Gobierno para definir un marco regulador estable, si quiera temporalmente, de las relaciones entre las empresas mineras y las eléctricas. Es más, habría bastado con que Industria hubiese hecho cumplir los compromisos con vigencia hasta el pasado 31 de diciembre. Pero esa no es la voluntad de este Gobierno y sobre todo de un ministro que ni está ni se le espera en el carbón y cuya inacción es la causa principal de la agonía del sector.