La batalla de la calle Sídney

C on este título describió Winston Churchill un enfrentamiento entre la policía londinense y un grupo de anarquistas allá por 1910 siendo él ministro del Interior. Mientras que los anarquistas estaban provistos de armas de todo tipo, la policía, como era tradicional hasta entonces en Inglaterra, no disponía de ellas. Esto provocó la muerte de varios agentes, además de la necesidad de hacer una colecta urgente de armamento para poder hacer frente a este grupo violento. El incidente acabó en tragedia. A partir de ese momento el gobierno británico se dio cuenta de que no estaba al día de la nueva realidad en materia de orden público. Esto generó una crisis política y se desarrollaron diversas iniciativas legislativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Alvaro D´Ors, insigne jurista patrio, entiende el orden público como: «El particular orden que un grupo social establece para procurar la paz en su convivencia social, y defenderla». Es un acuerdo para conseguir seguridad dentro de la paz social. Un acuerdo entre los ciudadanos para convivir bajo un modelo de conducta. Como todo acuerdo está sometido a las modificaciones que las partes estimen oportuno. Las partes contractuales en este caso se reducen a la comunidad que se dota a sí misma del modelo de orden público que más le conviene.

La reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha provocado opiniones encontradas cuando no opuestas. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en la necesidad de aprobar una Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la obsoleta de 1992, con la finalidad de dar satisfacción a los nuevos desafíos en materia de orden público y por lo tanto de convivencia y paz social.

La realidad social cambia de forma vertiginosa. Nuevas realidades y pautas de comportamiento están apareciendo permanentemente. Lo último, en el momento de escribir este artículo, es que ya no están de moda los cuerpos de gimnasio, sino los «fofisanos», hombres con barriguita cervecera al estilo de Leonardo DiCaprio… ¡quién lo diría!

Algo parecido ocurre con aquellas conductas sociales que inciden en la seguridad. La crisis económica ha marcado la vida y futuro de muchas personas. La pérdida de trabajo, de futuro, o simplemente de ilusión, generan un clima social deteriorado y propicio para el conflicto. Los nuevos medios de comunicación social permiten concentraciones inmensas de personas en muy poco tiempo, que hacen difícil las respuestas más acertadas operativamente por parte las autoridades gubernativas, con el fin de garantizar la seguridad. Seguridad tanto de los convocantes como de aquellos que en ocasiones sufren la violencia de estos.

Recurrentemente se ha visto en la televisión como grupos marginales a los que se les ha etiquetado de «antisistema», provocaban una violencia gratuita aprovechando el derecho constitucional de manifestación. No se es más demócrata por permitir una vulneración de los derechos de manifestantes que ejercen su derecho de forma cívica y sufren que les «revienten» su derecho a manifestarse en paz. Tampoco se es más demócrata por permitir que ciudadanos, quienes su única culpa es encontrarse en su barrio, se vean envueltos en batallas urbanas provocadas por grupos que su única reivindicación es que no les gusta el sistema.

Se es más demócrata cuanto más se garantiza la ley y el orden acordado por todos. Burke asociaba de forma definitiva la libertad y la autoridad. La autoridad ejercida de forma responsable y en beneficio de la sociedad es garantía de paz y libertad. Líderes de las comunidades afroamericanas, tras los incidentes de Baltimore, afirmaron que sin justicia no hay paz. Gran verdad. Libertad y justicia también son indisociables. Pero, necesitan del principio de autoridad para su materialización.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana establece en su prólogo la necesidad de que todas las intervenciones policiales se realicen bajo los principios de proporcionalidad, igualdad, oportunidad y todo lo que determina una policía de un Estado de Derecho. Así debe ser. La policía es la responsable de materializar el principio de autoridad con carácter finalista. El fin del ejercicio de la autoridad ya ha quedado claro. La policía necesita recursos legislativos adecuados a la realidad social para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Dejando a un lado consideraciones subjetivas propias de todos y cada uno de nosotros respecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, considero que no hace falta ser Sherlock Holmes para deducir que una persona con el rostro tapado y con piedras en las manos, en una manifestación, no va precisamente a tener un comportamiento acorde con ese pacto social descrito.

A ese tipo de conductas es a lo que se debe responder con una legislación contundente y firmeza, en beneficio de la libertad, paz, seguridad y justicia.