EDITORIAL: Plan provincial de obras: objetividad, limpieza y la máxima transparencia

El pleno de la Diputación, convocado con carácter extraordinario expresamente para tratar este asunto, aprobó por unanimidad una prórroga de seis meses para la aprobación del Plan Provincial de Cooperación Local, que seguramente recibirá el visto bueno de la institución mucho antes de ese plazo para posibilitar su ejecución real, seguramente ya precipitada por el retraso acumulado transcurridos ya cinco meses del año. En realidad se trata de un recurso formal para no perder la convocatoria ante el cumplimiento precisamente ayer del plazo establecido y para evitar la repetición del largo y tortuoso proceso de tramitación.

La aprobación de los planes provinciales, siempre envuelta en la polémica por la disconformidad con el reparto sobre todo de los grupos no representados en la institución, ya había sido pospuesta al intuir el PSOE que la corporación provincial podría incurrir en un delito de prevaricación una vez oídos los informes de la Secretaría y del Servicio de Intervención en relación precisamente con la justicia y la equidad de ese reparto, siempre sujeto a las veleidades de quienes lo hacen, con frecuencia favoreciendo a los municipios con más peso en la representación institucional o mayor capacidad de influencia política en la misma. Que esa aprobación se aplazase entonces y que se posponga ahora demuestra el fundamento de ese temor a incurrir en delito, lo que de alguna manera pone en evidencia que, efectivamente, las cosas no se habían hecho precisamente bien, como lo pone en evidencia que algunas asignaciones salgan de ojo en relación con otras, por ejemplo la de un municipio de ochocientos habitantes frente a otro de doce mil, y que eso tenga que ver justamente con los partidos o las personas que los gobiernan.

Pero lo peor que podría ocurrir es, como denuncian algunos miembros de la corporación, que esas asignaciones se modifiquen ahora en función de los resultados salidos de las urnas el pasado domingo. O que se ponga en peligro el desarrollo de esas 214 actuaciones previstas en 207 municipios de la provincia por importe de 14,8 millones de euros, porque los planes provinciales de obras vienen a cubrir necesidades básicas de los pueblos, pero también sustentan la actividad y el empleo de las pequeñas empresas que los ejecutan. Así las cosas, lo mínimo exigible es que el reparto se haga en base a razones objetivas, pero también con limpieza y transparencia. La Diputación, los municipios y los ciudadanos merecen ese respeto.