Ahora resulta que también hay castas de imputados

Q ue es frecuente incumplir promesas electorales ya lo sabíamos; que algunos predican máxima honradez y no siempre son fieles a su compromiso también, y que los recién llegados al cargo empleen de inmediato a sus familiares, lo conocíamos. Por si a alguien no le quedaba claro que eso pasa en las mejores familias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contratado a su marido, indirectamente, como responsable de relaciones institucionales y, de paso, a la esposa de su número dos, que era su jefa antes. Un ministro panameño acusado de nepotismo por contratación de parientes, lo justificó así: «Con esto demuestro simplemente el amor a mi familia». Enternecedor.

Pero lo que no habíamos visto nunca hasta ahora era el establecimiento de castas de imputados. «Que dimitan todos los imputados inmediatamente», se ha clamado en campaña electoral, dirigiendo la exigencia a representantes del PP, PSOE y Convergencia, entre otros. Pero cuando los imputados son de Podemos —como sucede en el Ayuntamiento de Madrid—entonces la cosa cambia. Es decir: que hay que acabar con la casta, como clamaba Pablo Iglesias, pero a la hora de dimitir se recomienda mantenerla. La ex jueza y ahora alcaldesa Manuel Carmena, cada día inventa alguna frase para explicar la contradicción de mantener a varios imputados en su equipo de gobierno: Rita Maestre por asalto a la capilla de la Universidad y Guillermo Zapata por bromas macabras en twitter sobre el holocausto y las víctimas del terrorismo en España.

En Madrid se está produciendo algo muy llamativo: el Ayuntamiento es una cosa y la Comunidad y el Parlamento regional otra muy distinta, aunque sean los mismos partidos sus integrantes. En el ámbito municipal crece el desprestigio de forma apreciable y en el autonómico se asienta el respeto. La presidenta de la Comunidad es Cristina Cifuentes, exponente del ala más abierta del PP, nada que ver con la ultraliberal Esperanza Aguirre. El líder de la oposición es el profesor Angel Gabilondo, que no fue presidente por un par de escaños, y que pronunció un discurso conciliador y constructivo en la investidura de Cifuentes, muy elogiado por todos. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, es inexperto pero muy sensato y el portavoz de Podemos, José Manuel López, una persona respetada al que se conoce desde sus tiempos de eficaz directivo de Cáritas. Dos instituciones, los mismos partidos, la misma Comunidad y una realidad tan distinta. El factor humano prima sobre el político.

Entretanto, la carrera presidencial arranca acelerada. Pablo Iglesias ha iniciado su «gira por el cambio» en Cádiz, donde su alcalde, como primera medida, ha defenestrado el retrato del rey de su despacho y lo ha sustituido por el de un anarquista. Pedro Sánchez se ha envuelto en una bandera española, lo que preocupó a dirigentes populares que acaso creían tenerla en exclusiva, y ha nombrado su gobierno en la sombra. Y Mariano Rajoy metió algunos jóvenes en la direccion del partido y se ha limitado a cambiar al ministro más quemado cuando se esperaba una remodelación. «Admito que el equipo de asesores de Sánchez es muy solvente pero no entiendo cómo su gente apoyó a Manuela Carmena para la alcaldía», comenta en privado un altísimo directivo bancario, bastante crítico también con la pasividad de Rajoy. Y añade: «Si eso se traslada al Gobierno después de las generales, le pronostico un corte en seco de la inversión de fuera y dejaremos de crecer». De hecho, algunos bancos extranjeros han lanzado una discreta campaña para captar fondos entre sus principales clientes que pudieran encontrarse más seguros con el dinero en entidades con sede fuera de España. Es legal pero preocupante. Claro que si se mira hacia fuera y se divisa Grecia, Túnez y otros desastres se puede pensar que nos quejamos de vicio.