Una omisión inconcebible

J ustamente el día en el que Juan Vicente Herrera terminaba de deshojar la margarita y decidía someterse a la que será su quinta investidura, el Instituto Nacional de Estadística confirmaba el dato de que Castilla y León ha perdido en 2014 otros 17.314 habitantes. Unos diez mil como consecuencia del saldo vegetativo y el resto porque han abandonado esta comunidad en busca del porvenir que aquí no encuentran.

Después de seis años consecutivos perdiendo población, la noticia se acoge como un dato estadístico más, casi como el de las víctimas anuales en accidente de tráfico. Asistimos impasibles a un auténtico desplome demográfico. Basta señalar que desde el año 2009 Castilla y León acumula una pérdida de 85.145 habitantes, que son más que los que residen en la ciudad de Palencia y casi todos los que habitan la provincia de Soria.

De dicha indolencia da idea el pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos por el que segundo de los partidos se compromete a facilitar la investidura de Herrera. Un documento de más de 30 puntos en que el, amén de la impostada «regeneración democrática», se señalan una serie de políticas prioritarias en las que se omite la lucha contra la despoblación. Ni tampoco la recuperación del abandonado Plan de Convergencia Interior, el instrumento contemplado para corregir los abismales desequilibrios territoriales internos en esta comunidad autónoma.

Fracasada la Agenda de la Población puesta en marcha en 2010, la Junta se ha desentendido del asunto, argumentando que se trata de un problema generalizado en la mayor parte de España que requiere una solución de ámbito nacional. Y a la espera de una «estrategia nacional sobre el cambio demográfico», que ni está ni se le espera, nada se hace por contener una sangría demográfica que lleva camino de convertir a Castilla y León en un gran geriátrico. Casi el 25 por ciento de la población tiene más de 65 años y tenemos la mayor tasa porcentual de centenarios (más de 1.300).

Un declive demográfico que lastra doblemente la financiación autonómica, en la que, índices correctores al margen, el censo de población es el dato de partida para asignar los recursos estatales a cada comunidad autónoma. Si esa cuota de partida sigue cayendo y a la vez aumenta el envejecimiento y la dispersión poblacional, cada vez tendremos más difícil que el modelo de financiación atienda el coste real de la Educación, la Sanidad y demás servicios públicos. Por eso resulta del todo inconcebible que no se considere prioritaria la apuesta por políticas demográficas que se decidan a atacar de raíz el problema. Inconcebible e imperdonable.