Conflicto inesperado que daña a los pequeños ayuntamientos

Una reciente reforma legal genera un grave problema que amenaza con bloquear la gestión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Tradicionalmente la figura de tesorero era ocupada por un concejal en los 200 municipios leoneses afectados por esta reforma sin que llegasen a percibir ninguna remuneración por ella. Pero la modificación legal impide que se mantenga esa fórmula por lo que se hace necesaria, en principio, la contratación de una persona ajena al ayuntamiento para realizar esas funciones, lo que generará automáticamente un gasto añadido. En muchos pueblos ya tienen problemas para pagar a su secretario/interventor, que con su nómina se lleva buena parte de las disponibilidades económicas. Y ahora se pretende que se pague a otra persona, algo que se hace imposible en la mayoría de esos pequeños ayuntamientos. De momento la reclamación ya está en marcha y existe la posibilidad de que el Gobierno central facilite una solución a través de un decreto que concrete lo previsto en la legislación, lo que acabaría con la actual incertidumbre. Pero de momento es en la Diputación donde se han puesto manos a la obra para analizar el conflicto.

La posibilidad de que se ofrezca esa figura de tesorero directamente a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) parece inviable porque haría falta un volumen de personal que no es factible. Y de momento está claro que no existe una partida presupuestaria que permita dar una respuesta inmediata al conflicto suscitado.

Parece que en estos momentos lo importante es que las distintas instituciones tomen conciencia del grave problema que se está creando y que se dialogue para alcanzar una fórmula lo menos lesiva para las cuentas de las administraciones públicas. Los controles parecen imprescindibles pero precisan de una lógica para no convertirse en un atentado contra la propia entidad vigilada.