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T ras el verano, la atención de los observadores de la cosa pública se centra en los comicios que se celebrarán el 27 de septiembre en Cataluña. Van a ser algo más que una primera vuelta de las legislativas de diciembre. Aunque son elecciones autonómicas a nadie se le escapa que el pulso al Estado que plantean los partidarios de la independencia, guste o no, las convierte en plebiscitarias. Si la lista en la que se esconden Mas y Junqueras resulta vencedora y consigue la mayoría de escaños en el «Parlament», es probable que pese a la quiebra de la legalidad que supondría, Artur Mas podría atreverse a proclamar la independencia. Sería un acto contrario a la Constitución, nulo de pleno derecho y, en consecuencia, recurrible ante el Tribunal Constitucional. Pero el mal ya estaría hecho y la semilla de la discordia sería germen de una preocupante inestabilidad política. Y también social. Al desconcierto legal se uniría la incertidumbre económica. En pleno proceso de recuperación de la crisis lo último que querrían los empresarios catalanes es tener que enfrentar predecibles renuencias entre los principales clientes de sus productos. No debe olvidarse que el resto de España configura alrededor del 50% de su mercado potencial.

Creo que, amén de otras consideraciones, detrás de la esperada declaración de los empresarios agrupados en el histórico Fomento del Trabajo late la reflexión sobre las consecuencias (negativas) que aparejaría semejante provocación. En cualquier caso sería de ilusos hacerse ilusiones pensando que este tipo de conclusiones puede encontrar eco entre los partidarios de la independencia. Forman un mundo cerrado impermeable a todo razonamiento. Lo estamos viendo en relación con la corrupción. La ensoñación soberanista les lleva a una ceguera voluntaria. Saben que la investigación judicial que ha encontrado pruebas de la financiación ilegal del partido de Artur Mas se inició a raíz de la denuncia de una concejal de ERC-el partido que va de la mano de CDC en las elecciones del 27 S-,pero les da lo mismo. Es surrealista. Pero, visto lo que está en juego, hay que contar con ello. Nada —salvo la acción de la justicia— les va a detener. Tengo para mí que al señor Rajoy se le está acabando su tiempo como espectador aventajado del proceso.