EDITORIAL: Retrasos para quienes no pueden esperar

La Ley de la Dependencia supuso la esperanza de un alivio para los miles de personas que no son capaces de atender sus necesidades vitales y para sus familias, asfixiadas por el gasto que supone atender a un enfermo con muchas necesidades que la sanidad pública y los servicios sociales no llegan a cubrir. Antes de que el derecho a acceder a las medidas que esta ley ponía en marcha llegara a ser universal, las estrecheces por las que han pasado las arcas públicas en los últimos años se han encargado de ralentizar los procesos de reconocimiento de nuevos casos, y reducir las ayudas de aquellos a quienes ya se les ha reconocido la situación.

El resultado es que a día de hoy buena parte de quienes tienen incluso elevados niveles de dependencia no han conseguido que se reconozca su situación. Pero hay también un importante colectivo que, habiendo conseguido finalmente este reconocimiento, no acaba de lograr que las ayudas lleguen a sus bolsillos. En la provincia un millar de nuevos dependientes se integró en las listas oficiales hace dos meses. Llevaban esperando tres años, tras ser excluidos de las ayudas con la modificación legal llevada a cabo en 2011. Un largo periplo que aún no ha llegado a su fin, porque todavía no han conseguido percibir la prestación concedida.

El camino que deben recorrer las familias que sufren los casos de dependencia se hace cada vez más escarpado. Una situación especialmente difícil cuando, frente a la espera administrativa, la enfermedad no deja de avanzar.