Hartazgo lógico ante el pulso catalán

El esperpento que se vive en Cataluña quizás ofrezca su expresión más gráfica en ese «anda como pollo sin cabeza» que acuñó la sabiduría popular. El Parlament, sin disponer de un gobierno, aprobó ayer una declaración que sobrepasa todas las líneas de la legalidad que fue pactada por los españoles en la Constitución aprobada por las Cortes —en las que reside la soberanía nacional— y ratificada por la ciudadanía a través de un referéndum.

Lo que está pasando es un ataque a la democracia, a los principios de igualdad entre los españoles, a la esencia de un sistema que tiene unas garantías precisamente para que la libertad y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos se vean asegurados y protegidos. Pero la carrera hacia ninguna parte emprendida sin disponer, al menos, de una cabeza visible en forma de gobierno elegido por el Parlament catalán reclama la respuesta contundente de los partidos, de las instituciones y de la sociedad española.

El hartazgo de la ciudadanía es evidente hacia esos desatinos y esos desafíos que además generan un daño al resto de los españoles. Quizás todo esto sea producto, como dicen algunos, de ese exceso de paciencia y de transigencia con el que se ha actuado hacia unas fuerzas que fueron minoritarias pero que, con el ejercicio del poder gracias a esa Constitución y esa legalidad que intentan socabar, se han aprovechado para forzar hasta límites inaceptables el uso de competencias como la educación.

El tiempo de las buenas palabras y de los brindis al sol debe acabarse. Por el bien de la sociedad española y de esa democracia que tanto ha costado conseguir, los partidos y todas las instituciones están obligadas a dar un paso al frente para buscar una solución real al problema. Quedarse en llamamientos al sosiego y al diálogo se hace ya insuficiente, porque esa vía se ha comprobado que únicamente ha servido para dar alas y complicar aún más un conflicto en el que es imprescindible trazar unas líneas claras que no podrán ser cruzadas ni por nada ni por nadie.

La propia estructura de la democracia exige que sea el imperio de la ley el que facilite el ejercicio de las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Y por ello es inaceptable que una minoría nos esté dañando abiertamente al resto de la ciudadanía con sus constantes retos que tienen incluso consecuencias económicas, al dañar la imagen de España o incrementarse lo que pagamos cada día por la deuda pública al elevarse la prima de riesgo por sus tensiones inútiles.

Hay que buscar una solución, es cierto. Pero también hay que aplicar la ley. España debe aprender de los errores del pasado, cuando no se trataron estos conflictos de la manera adecuada y primaron los objetivos partidistas. Estamos en precampaña y este asunto debe aislarse del debate y afrontarse con una postura consensuada entre quienes sí creen en la democracia para conseguir que este sainete se acabe de una vez por todas.