Diario de León
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Julia Navarro
León

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Y a estamos en el día después y ahora sólo cabe esperar. La suerte está echada. El Gobierno ha puesto en marcha, con bastante prudencia las medidas legales que frenen el desafío de los independentistas catalanes. Lo primero ha sido pedir un informe al Consejo de Estado, previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Ahora queda por ver si efectivamente los partidos catalanes que se han embarcado en este aventurerismo antidemocrático aceptan o rechazan lo que pueda decir el Alto Tribunal. Si no lo hacen más que un desafío su actitud se enmarcara en un intento de golpe contra la democracia.

En la historia de nuestra democracia hay dos intentos de acabar con la convivencia entre los ciudadanos y alzarse contra la legalidad que emana de la Constitución. El primero fue el que protagonizó Tejero el 23-F, y el segundo intento es el que quieren perpetrar Convergencia, Ezquerra y la CUP junto con varias organizaciones civiles.

Llegados a este punto sólo cabe que el Gobierno imponga la legalidad. Todos estamos obligados a cumplir la ley pero más si cabe quienes ostentan el título de representantes públicos.

No cabrán pues quejas ni lamentos por parte de quienes han decidido levantarse contra las leyes democráticas de nuestro país inspiradas por la Constitución.

El presidente de Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley e impedir que se quiebre la legalidad en Cataluña, pero los pasos que haya de dar deben estar dictados por la firmeza y la prudencia a partes iguales. Y eso sí, en estas circunstancias es obligado que los partidos democráticos antepongan los intereses generales a sus intereses partidistas en vísperas de las elecciones. Pedro Sánchez tiene la obligación de apoyar al Gobierno.

Mientras tanto producen vergüenza los intentos desesperados de Artur Mas por ser presidente de la Generalitat. Mas se ha convertido en una figura patética que mendiga que le mantengan en el puesto sin importarle el precio a pagar demostrando que es un aventurero de la política y sus principios no son otros que sus propios intereses particulares. Cuesta creer que un partido como Convergencia esté dando este espectáculo y que no haya voces valientes que se enfrenten a este disparate. Los que callan otorgan y no cabrá que en el futuro los que ahora callan digan que no estaban de acuerdo.

En el día después los ciudadanos españoles esperamos que nuestros dirigentes políticos estén a la altura de sus obligaciones cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Ni más ni menos.

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