Claridad para una reforma válida para la Constitución

La conmemoración el aniversario de la Constitución ha coincidido por vez primera con una campaña electoral. La situación ha sido novedosa, pero eso no ha impedido que todos los partidos hayan sabido mantener espacios para cada una de las facetas, para el respeto institucional hacia la norma básica del Estado y para la legítima pugna por el voto de los ciudadanos.

Nadie debería dudar a estas alturas de la eficacia de la Constitución de 1978. España ha vivido los mejores 37 años de su historia democrática, con un desarrollo y un progreso en todos los frentes como no se había conocido. Pero quizás pueda ser el momento de afrontar el debate sobre cómo mejorarla. El problema es que únicamente será legítima esa modificación si se produce con un consenso tan amplio como el de la Transición, para evitar que se incurra en el error tantas veces repetido en la historia constitucional española, con un texto legal ideado por unos para imponérselo a otros.

Dejando al margen los cambios limitados compartidos por todos como la eliminación de la discriminación por sexo en el acceso a la Corona o la actualización del Senado, se echan en falta propuestas de reforma serias y precisas. Hablar de un sistema federal —que daría el estatus de estado a territorios como La Rioja, Extremadura, Cantabria o Castilla y León— resulta como mínimo sorprendente.

En la Constitución hay margen de mejora, sin duda. Pero tampoco sirve el argumento de que cada generación debe tener la suya. Eso no ocurre en ningún país con una democracia estable. La legislatura que abrirán las próximas elecciones del 20-D debería incluir en su agenda un debate serio y riguroso para buscar fórmulas que mejoren la democracia y la vida de los españoles. Pero la de todos.