EDITORIAL: Una reforma legal que hace peligrar la eficacia judicial

El objetivo compartido por todos de mejorar la Justicia y de agilizar las instrucciones de las causas genera en estos días un problema grave en León. Los límites impuestos para la tramitación de las investigaciones chocan directamente con la realidad que se vive dentro de los juzgados. En plenas navidades se dispara la carga de trabajo al exigirse a los fiscales leoneses la revisión de unas 5.200 causas antes del próximo 5 de enero. Un momento complicado del año, cargado de jornadas sin actividad por la llegada de los festivos, en las que será necesario estudiar detalladamente todas esas causas y decidir o no la solicitud de pruebas que pueden determinar las futuras condenas o incluso la posibilidad de que queden impunes delitos si se comete cualquier tipo de error o de despiste. Una carga de labor y de responsabilidad añadida al normal funcionamiento de la administración de Justicia que evidentemente no detendrá su actividad del día por la generación de este problema añadido.

La alerta sobre esta situación surge directamente del fiscal jefe de León, que advierte contra la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de una manera tan precipitada porque presenta unas consecuencias directas para la Justicia y de manera grave para la que debería ser su actuación normal.

La solicitud de refuerzos que se plantea debería ser atendida por el Gobierno central o incluso se debería estudiar la búsqueda de fórmulas temporales que impidan la generación de daños graves a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho como es la Justicia.

Las medidas que mejoren su actividad y de manera especial su eficacia son una necesidad importante para la democracia española. Pero se echa en falta más rigor y una mejor organización que evite daños.