EDITORIAL: La Junta se impone una hoja de ruta ambiciosa que debe cumplir
«De lo que ocurra en 2016 va a depender que en 2019 se pueda hacer un balance de éxito o de fracaso en la legislatura». Con esa llamada a la dedicación y al ejercicio de la responsabilidad en su labor instaba Juan Vicente Herrera a los altos cargos del Ejecutivo autonómico a aprovechar las herramientas disponibles para poner en marcha una hoja de ruta de la Junta que habrá de ser desarrollada en los seis primeros meses del año. Se trata de 49 planes y proyectos a los que el presidente autonómico puso fecha límite: el 1 de julio.
En un contexto nacional e internacional que puede influir en la consecución del mantenimiento de la perspectiva de crecimiento económico, lo exigible es, dijo Herrera que los cargos no se limiten a «ver por televisión» lo que pasa, anteponiendo el empeño de que la «incertidumbre exterior» no los paralice porque lo que se pueda hacer en Castilla y León depende en exclusiva del Ejecutivo autonómico.
La reforma del Estatuto de Autonomía, el anteproyecto de ley que ampliará el código ético y de austeridad de los altos cargos reformado en octubre, planes vinculados al fomento de la economía, el pacto contra la despoblación, el sostenimiento de los servicios esenciales de sanidad, educación y asuntos sociales y la culminación del modelo de ordenación del territorio son algunos de los deberes fijados por el presidente en calidad de prioritarios y que deben desarrollarse desde la capacidad de iniciativa de la administración autonómica, la labor de un gobierno estable y el sustento de unos presupuestos aprobados con el apoyo de Ciudadanos y UPL.
El debate de política general ya en verano será un buen momento para someter el presidente no tanto al examen de lo que se haya hecho, ya con fechas concretas, sino sobre todo de lo que se haya podido avanzar en unos propósitos ambiciosos que exigen, eso sí, un alto grado de compromiso por parte de todos.