Perros sueltos

U n revuelo de togas, tricornios e inspectores de Hacienda está formando el poderoso huracán judicial que le corta la respiración a políticos en ejercicio, millonarios anónimos y profesionales del pufo tantos años viviendo en la impunidad. Los despachos de abogados se frotan las manos mientras se preguntan: ¿quién ha soltado a los perros? Los hombres de verde entran por los ministerios como Pedro por su casa, desenchufan ordenadores, embalan documentos confidenciales y ponen en fila corbatas de Hermés camino del calabozo. No se salvan ni los chinos, ni los dentistas, ni los directores generales de aguas o los ‘sacrificados’ empresarios de la extinción de incendios. Los perros han olfateado el dinero negro y divisan las mordidas a la legua. Toda la fontanería para asegurarse jugosos contratos desde el catering para los colegios a los aviones para la extinción de incendios o la construcción de obras medio ambientales en el Mediterráneo están cayendo como un castillo de naipes. Las tramas de lavado de dinero, falsificación de certificaciones, de facturas, de liquidaciones salen a la luz del día ante los deslumbrados golfos. Malversación cohecho, fraude. Alcaldesas por Jerez a la cárcel, secretarios de organización por Galicia investigados, concejales valencianos desfilando bajo la atenta mirada de la Uco y la Udef.

Es cierto que la cárcel reblandece hasta los facinerosos más curtidos y con el paso de los meses empiezan a cantar al oído de los magistrados a cambio de un poco de piedad. Pero solo eso no explica el huracán jurídico-policial que se ha desatado estos meses. ¿No será el vacío de poder? El poder ejecutivo desde el 21 de diciembre está en funciones; el legislativo peleando por los mejores escaños en el hemiciclo; los partidos atareados en cálculos para coaliciones que les dejen un lugar al sol. El único que mantiene su estructura, poder y competencias intactas sin la sombra de los otros poderes es el jurídico-policial. Así que los perros de presa están sueltos. Dicho sea en el mejor sentido porque precisamente ahora se respira un aire de Estado de derecho y de rigor como hace tiempo no veíamos. Podría darnos por pensar que en una democracia sana los jueces pueden perseguir la corrupción y el fraude. Lo que los jueces no pueden combatir son Gobiernos que ponen el sistema al servicio de ideologías radicales y populistas. Ya se ha visto en Venezuela.