Más lecciones
L a frivolidad de David Cameron ha dejado el futuro del Reino Unido y también, en cierta medida, de la Unión Europea al albur de una decisión arbitraria de los ciudadanos británicos, por estrechísimo margen y con serias dudas de que se hubiera hecho todo lo posible para que quienes eran llamados a tomar tal decisión supieran lo que estaba en juego, en qué consistían realmente las dos opciones alternativas. Una mayoría de analistas coincide en la población del Reino Unido no disponía de la información suficiente para discernir con cierta claridad entre las ventajas e inconvenientes del sí y del no a la ruptura.
Sobre esta cuestión, el norteamericano Kenneth Rogoff, profesor de economía y política pública en Harvard, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha publicado un vibrante artículo en el que considera al referéndum del ‘brexit’ un «juego de ruleta rusa», y critica con dureza que los británicos no hubieran establecido requisitos más rigurosos a una decisión que debía emanar de una dualidad simplicísima. En la comunidad internacional «la mayoría de los países requieren una ‘supermayoría’ —una mayoría cualificada— para tomar decisiones que definen una nación, no un mero 51%. No existe una cifra universal, como por ejemplo el 60%, pero el principio general es que, como mínimo, la mayoría debe ser estable de manera demostrable. Un país no debería hacer cambios fundamentales e irreversibles sobre la base de una minoría estrecha que podría prevalecer sólo durante un breve periodos de un estado emocional pasajero». Y, tras explicar las frenos que Atenas y Esparta pusieron al sistema asambleario de decisión, se pregunta qué debería haber hecho el Reino Unido si quería someter a consulta su permanencia en la UE. Pues colocar el listón más alto.
España aplicó estos criterios a la reforma constitucional en la Constitución de 1978: para cambiar sus aspectos medulares, es precisa la reforma constitucional agravada, que requiere aprobación por las Cortes por mayoría cualificada, disolución de las Cortes y elección de otras nuevas, aprobación por las nuevas Cortes también por mayoría cualificada y referéndum nacional.
La ley de la Claridad canadiense, promulgada en el 2000 para hacer frente a las arbitrariedades que quedaron en evidencia con el referéndum de 1995 sobre la secesión de Québec (lo perdieron los independentistas), va en esta dirección: se endurecen las condiciones en que es posible plantear la negociación de una ruptura, se obliga a la formulación de una pregunta clara, se exige mayoría suficiente y aun así la partición deberá ser fruto de una negociación entre las partes.
No hace falta decir que todo lo anterior deberá servir también en España como avisto a navegantes: una ruptura no puede ser la consecuencia de obtener una mayoría simple tras una rabieta.