EDITORIAL. Vivienda: un derecho que sobre todo sigue siendo un problema

El 28 de diciembre pasado el pleno del Ayuntamiento de León aprobaba por unanimidad la puesta en marcha de una Oficina Municipal de la Vivienda que se encargaría de gestionar los alquileres sociales de viviendas vacías propiedad de entidades financieras. Para ello elaboraría un censo estadístico de todas las disponibles en el municipio. Son en muchos casos propiedad de las entidades financieras y sociedades de gestión de activos financieros, incluida la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con la que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León había firmado dos meses antes un convenio de cesión de la gestión de esas viviendas que deberían destinarse, previo establecimiento de un alquiler social que nunca sobrepasaría el 30% de los ingresos, a cubrir las necesidades de las familias en situación de dificultad económica. La propia Oficina de la Vivienda, un servicio municipal no externalizable, sería responsable de gestionar y adjudicar estas viviendas, además de hacer un seguimiento de la situación económica de todas las familias beneficiarias y de canalizar los posibles acuerdos para facilitar los servicios básicos.

A la vista de que casi siete meses después no se avanza en las gestiones con la Junta y de que no se tiene comunicación al respecto, todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, incluido el Partido Popular, y la Plataforma Antidesahucio acaban de enviar una carta al consejero de Fomento advirtiendo de su profunda preocupación precisamente por la falta de información y el desconocimiento sobre qué cupo de viviendas corresponden a León y exigiendo «una pronta actuación» a la vista de que «hay familias que necesitan habitarlas de forma inmediata».

Es evidente que la actual situación familiar es una de las consecuencias más visibles y preocupantes de la crisis económica en todo el país. Basta pensar que desde 2007 se han llevado a cabo en todo unos setecientos mil. Teniendo en cuenta que en un solo procedimiento puede haber hasta diez personas afectadas directa o indirectamente, entre titulares de las hipotecas, avales, hijos a cargo y familiares que acogen a quienes lo perdieron todo, el número de perjudicados se multiplica de forma exponencial. Y si bien es cierto que no todos los procesos tienen por qué acabar en desahucio y que, por frecuencia, los desalojos no tienen ahora la misma notoriedad informativa, también lo es que las cifras siguen en aumento. Es, en definitiva, un problema que está todavía lejos de alcanzar una solución. Son precisamente los datos oficiales del INE los que sitúan a España a la cabeza de Europa tanto en número de desahucios como en número de viviendas vacías. Sin ir más lejos, doce mil en León, donde siguen produciéndose entre uno y dos desalojos cada día. Es, en fin, motivo de reflexión y, sobre

todo, de ponerse a hacer algo más que esperar.