EDITORIAL: Un nuevo recorte bancario que no puede pagarlo el ciudadano

La banca española concentra la mitad del cierre de oficinas (15.000 de 29.000) y un tercio de la reducción de empleados (74.000 de 200.000) desde el año 2008 en los bancos de la eurozona. Sólo durante el último año las entidades bancarias españolas eliminaron casi mil sucursales y, pese a ello, todavía cuentan con más de 31.000. De hecho, es el tercer país de la eurozona con mayor número de oficinas del sector doméstico, sólo por detrás de países como Francia y Alemania. Y, sin embargo, las fusiones entre grandes bancos para afrontar la reducción del negocio todavía acentuarán los ajustes sufridos por el sector financiero durante la crisis.

Los recortes adicionales ante el nuevo panorama bancario implicarán el cierre de otras 3.000 oficinas y una reducción de plantilla de casi 15.000 empleados más. El debate sobre la necesidad de más fusiones, defendido desde el Banco de España, se apaciguó ante el vacío político de los últimos meses y a la espera de la formación de un nuevo Gobierno, pero es evidente que el sector debe afrontar un proceso de consolidación en los próximos tres o cuatro años como respuesta a la dificultad creciente de todos los bancos para mejorar sus márgenes en un contexto de tipos de interés muy bajos.

En el entorno más próximo, la provincia se enfrenta ahora a un nuevo recorte en el sector tras un proceso realmente traumático y después de asistir al cierre de 130 sucursales

—fundamentalmente en el ámbito rural, con lo que eso supone— en los últimos ocho años. Cuatro de las cinco entidades con mayor presencia han llevado a cabo —o lo harán en los próximos meses— severos ajustes en su estructura y sus plantillas para dimensionar el alto índice de bancarización y el exceso de capacidad generado sobre todo por las cajas.

Es evidente que es preciso racionalizar esa situación y adaptarse a los estrechos márgenes de una economía moderna. Pero habrá de hacerse desde la toma de conciencia de la realidad poblacional y —a la vista de los recursos públicos destinados a la reestructuración del sistema financiero y pagados por todos—, la exigencia social de la prestación de un servicio necesario y desde la conciencia de la promoción de un crédito productivo para el desarrollo de la economía local, algo que con frecuencia no se ha tenido muy en cuenta por la imposición general del sistema en relación con la prioridad de captar depósitos de los ahorradores por encima de promover operaciones activas de concesión de créditos en condiciones aceptables que, sobre todo, habrían de repercutir en el desarrollo económico y laboral antes que otros intereses, por legítimos que fuesen. Y es evidente también que hay una sobredimensión de la estructura financiera en la provincia como consecuencia de diversos factores, pero lo último que podría ocurrir es que eso volviesen a pagarlo los ciudadanos, ya sea con dinero público o nuevos recortes en la atención.