Un convenio muy necesario que no deberá demorarse
La Junta, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de León se emplazaron ayer para «intensificar y mejorar la coordinación de las actuaciones en materia de vivienda social» y lo harán a partir de la firma de un convenio que convertirá a León en el primer municipio de la comunidad autónoma en firmar un acuerdo de estas características. La realidad expuesta por el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones al propio alcalde y a los portavoces de los grupos municipales y de Stop Desahucios es que la Junta cuenta con más de 1.300 viviendas en el parque público de alquiler social y que esta cifra se verá incrementada con la incorporación de viviendas del Sareb procedentes de la reestructuración bancaria.
La provincia dispone de más de 60 viviendas para el servicio de políticas sociales, 28 de ellas en la capital, a las que se suman las propias del ayuntamiento —seis, dos de ellas para situaciones de emergencia— y que están disponibles en función de la evolución de las necesidades. De hecho, es el propio ayuntamiento, a través de los Centros de Acción Social y del 012, en este caso derivadas a través del Servicio de Atención al Ciudadano, el que en lo que va de año prestó servicio a 42 familias —54 durante 2015—, con ejecución de ayudas extraordinarias de urgente necesidad en 22 casos. Se trata de familias en situación objetiva de sobreendeudamiento con dificultades económicas que les impiden afrontar las obligaciones de pago y que amenacen la pérdida de la vivienda habitual. Y si bien es cierto que no ha habido, en el caso de la capital, ninguna demanda de vivienda por causas de exclusión social que no haya sido atendida, también lo es que nadie se puede quedar sin ella precisamente por falta de pisos disponibles, ya sea en la capital o en el resto de la provincia, razón por la que ese convenio, y los que deban llegar a continuación, no debe demorarse para evitar lanzamientos y desahucios que causan un enorme daño a la dignidad familiar.