A favor de la política

E n España hay un empleado público por cada cinco personas ocupadas versus uno por cada quince en la Unión Europea, o uno por cada treinta y seis en Estados Unidos… En abril del 2010, varios economistas vinculados a UPyD publicaron El coste del Estado autonómico . El estudio demostraba que, sólo gestionando todas las Comunidades Autónomas como lo hacen las tres más eficientes, podríamos ahorrarnos 24.000 millones de euros. Entonces ¿por qué tantas resistencias a aprender de las buenas prácticas de los otros? En general, se echa de menos interés en acabar con el despilfarro y las duplicidades de las administraciones públicas; y ello porque, en muchos casos, configuran la red clientelar de los partidos políticos viejos… y nuevos.

No digo que la tarea armonizadora sea una tarea sencilla pero sí que contamos con leyes para facilitarla que los pactos con los nacionalistas tienen «neutralizadas», como, por ejemplo, el artículo 150.3 de la Constitución: «El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a las competencias de éstas, cuando así lo exija el interés general».

Lo que sucede es que en la raíz de todo este desaguisado están los pactos de PSOE y PP con los nacionalistas, durante los últimos treinta y cinco años, para mantenerse en el poder. Obsesionados por conseguir un arreglo con los nacionalistas, al estilo de siempre, poniéndose de acuerdo en el precio. Así, por ejemplo, nos encontramos con el sistema fiscal privilegiado de Navarra y País Vasco. Un escandaloso ejemplo sobre el injusto reparto de la riqueza disponible entre españoles: la media de recursos no financieros por habitante de las comunidades autónomas del régimen común es de, aproximadamente, 2.800 euros mientras que la media de las del régimen foral (Navarra y País Vasco) es de 4.800 euros.

Y otro ejemplo más. ¿Un hombre, un voto? Ja-ja-ja… Tengo dudas —más que razonables— de que en España se esté cumpliendo el artículo 123 de la Constitución que proclama el derecho de todos los españoles a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. La Ley Electoral vigente beneficia al nacionalismo y a los grandes partidos tradicionales, además de ejercer un efecto disuasorio para cualquier osado que pretenda fundar un partido político de ámbito nacional. Así se explica que, en las elecciones generales de diciembre del 2015, Izquierda Unida obtuviera tan solo dos escaños pese a conseguir 923.105 votos mientras que el Partido Nacionalista Vasco lograra seis diputados con un tercio de los votos (301.585).

Una democracia necesita ciudadanos que la defiendan. Menos «indignación» y más ciudadanía. Desde la política se puede contribuir a cambiar aquellas cosas del mundo que se manifiestan radicalmente dañinas para el desarrollo y la dignidad de las personas. Habrá quien me diga que no es necesario militar en un partido político para hacer política. Es verdad, pero, desde el respeto a otras opciones, quiero manifestarme a favor de la acción política a través de los partidos políticos. Ni todas las ONG del mundo juntas tienen la posibilidad de cambiar las decisiones de los organismos internacionales en las que se sientan los líderes políticos del mundo. Sí, influyen, y esto es muy importante. Pero no deciden: deciden los políticos.

Hay muchas políticas por mejorar («reformar»). Somos campeones en fracaso escolar, no tenemos ni una sola universidad española entre las cien mejores del mundo. Nuestra electricidad, combustibles y comisiones bancarias están entre las más caras de la Unión Europea. La deuda pública española que se ha incrementado hasta cifras históricas, en los últimos años, se ha utilizado fundamentalmente para rescatar comunidades autónomas, ayuntamientos y cajas de ahorro desgobernadas y arruinadas por los de siempre. La corrupción es sistémica y ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado: sin excepción. Por tanto, también son urgentes medidas de regeneración democrática para vincular más estrechamente a los representantes políticos con sus representados: sistema electoral con listas abiertas, elección directa de presidentes del Gobierno, de comunidades autónomas, de alcaldes; limitación de mandatos, e introducir incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios privados.

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad. Luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material: regenerar la democracia, reivindicar el patriotismo constitucional y defender la igualdad entre españoles. Hacer política de otra manera, respetando al adversario, escuchando, dando argumentos, tratando de convencer, dando al otro la oportunidad de convencerte. El respeto al otro está en la base de la misma democracia. En fin, una política, nueva, buena, con mayúsculas.