El monte rentable no se quema
U na vecina de Cerceda, un pueblo del interior de la provincia de La Coruña, fue detenida por haber cometido un presunto delito continuado de incendio forestal. Le imputan al menos 15 fuegos en una semana. La noticia es llamativa y adquiere gran relevancia en todos los medios. Tampoco pasa inadvertida la acusación de la Xunta, que considera los incendios como atentados ambientales. Mientras, la imagen aérea de Galicia es una sucesión de montes en llamas. Nada muy distinto de lo acontecido en La Palma. También ha habido incendios en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Aragón, La Rioja, Navarra, Asturias, Cantabria y el País Vasco: casi un millar en lo que va de año. En apenas siete meses se han quemado unas 26.000 hectáreas, lo cual sitúa España como el país de la Unión Europea más afectado por este tipo de catástrofes.
Semejante problema, obviamente, no se puede resumir con una detención anecdótica ni echando balones fuera. Estamos ante un problema de Estado —sólo así puede calificarse algo que se lleva vidas humanas por delante y siempre causa graves daños medioambientales y desolación—, real como la vida misma durante todo el año pero que sólo se visualiza en verano, con lo cual cuando llegan las lluvias deja de ser un problema de Estado para convertirse en un problema veraniego.
Los partidos que gobiernan y los que están en la oposición suelen reducir su política forestal a lanzarse reproches, sin aportar soluciones que exigirían consensos de al menos seis legislaturas: las necesarias para una verdadera política forestal, como demuestran las exitosas experiencias de los países nórdicos, donde fueron precisos 25 años para sacar adelante planes con los que se han convertido en potencias forestales en el mundo. El caso de Finlandia es el más socorrido pero no es el único. En un período así sería posible analizar y describir la intensidad de la producción maderera, la composición por especies deseable y la diversidad de paisajes. Una vez hecho ese trabajo debería afrontarse algo que requiere no menos consenso político: cambiar la estructura de la propiedad del monte, encaminándola a su explotación y poniendo coto al minifundio.
Ya no basta con la represión, las brigadas y la regulación ecológica del material combustible. Es la hora de la política forestal, a sabiendas de que el monte rentable no se quema.
Acabado el modelo económico del ladrillo, los montes ofrecen unas posibilidades económicas envidiables. Podrían enriquecer la estructura social y empresarial de España, y convertir el país en una potencia maderera, con una industria asociada, capaz de aportar valor añadido. Sería la mejor manera de decir adiós a los incendios. Todo lo demás son parches.