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Publicado por
panorama antonio Papell
León

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E s bien sabido que la abstención activa del PSOE es condición sine qua non para que Mariano Rajoy resulte investido presidente del Gobierno. De momento, y si fructifican las negociaciones que el PP mantiene con Ciudadanos y con Coalición Canaria, el candidato a presidir el ejecutivo dispondrá de 170 votos en una cámara de 350, y ni siquiera si el Partido Nacionalista Vasco tomara la muy improbable decisión de respaldar a Rajoy este alcanzaría la mayoría absoluta, que está por tanto en manos de los socialistas (una vez descartado el apoyo imposible de Unidos Podemos, de ERC, del PDC —antigua CDC— y de EH Bildu). Así las cosas, los interesados en que la investidura prospere presionan sobre el PSOE con argumentos abstractos de indudable potencia pero discutibles por su propia naturaleza.

Un partido como el PSOE, que ha sufrido un importante mordisco en su apoyo tradicional del electorado progresista, no parece que pueda iniciar su reconstrucción brindando graciosamente el poder a la derecha, sin otras contrapartidas que las derivadas de esta inasible y etérea ‘gobernabilidad’.

Tampoco es fácil para el PSOE explicar a sus electores, que se sienten gravemente dañados por la gestión que el PP ha hecho de la crisis económica, que ahora toca respaldar a Rajoy para evitar males mayores.

En definitiva, parece claro que el PSOE sólo podría comenzar a plantearse alguna forma de condescendencia con la investidura de Rajoy si este ofreciese a cambio unas concesiones lo bastante consistentes para que el electorado socialista considerara que la concesión se justifica y vale la pena. Por ejemplo, si Rajoy ofreciera una reforma del sistema de pensiones que asegurara el mantenimiento del poder adquisitivo y la sostenibilidad del modelo mediante el recurso a los PGE, con la consiguiente elevación de impuestos que fuera necesaria; si el nuevo gobierno garantizara la financiación de la dependencia, el fin de todos los copagos sanitarios y la recuperación de los clásicos derechos laborales por la clase trabajadora, así como la extensión del salario básico de inserción para erradicar íntegramente las bolsas de pobreza; si la coalición PP-C’s brindara al PSOE la posibilidad de participar activamente en los grandes consensos pendientes: el constitucional, el referente a la nueva ley electoral, el pacto educativo, etc.

Este sería el único camino para que el PSOE piense que su contribución a la invocada gobernabilidad responde a criterios efectivos de interés general. Con estos mimbres, sería en efecto muy difícil que los militantes/electores del PSOE siguieran pensando que su partido no puede ser báculo de un gobierno de centro-derecha, y mucho menos en un momento histórico en que toca mitigar los efectos de la crisis sobre unos sectores sociales que todavía no han salido completamente del pozo de la marginalidad.