De mal en peor
L a polvareda levantada por el caso Valdeón y sus consecuencias -singularmente, el improvisado reajuste en el gobierno que preside Juan Vicente Herrera- han convulsionado el nuevo curso que tan apaciblemente había comenzado en Castilla y León. Y, lo que es peor, han desviado la atención de los graves y crecientes problemas que viene arrastrando la comunidad autónoma.
La pasada semana conocíamos dos datos a cual mas significativo del precario estado financiero de la Junta. De un lado, el último incremento de la deuda pública, cuya cuantía, próxima a los 11.000 millones de euros, supone ya el 20 por ciento del PIB autonómico. Dicha deuda se desbocó con la crisis —en 2007 se reducía a 1.894 millones, el 3,4% del PIB—y la cacareada recuperación económica de momento no ha conseguido contenerla. Ni lo conseguirá, por mucho que crezca la economía, mientras persista el déficit estructural (cifrado por el gobierno Herrera en más de 400 millones de euros) derivado del vigente modelo de financiación autonómica, que no aporta a esta comunidad los recursos suficientes para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales que presta.
En tanto no haya nuevo Gobierno de la nación seguirá vigente dicho modelo y con él continuará agravándose el citado agujero en las arcas autonómicas. Consecuencia directa del mismo es la alarmante falta de liquidez de la Junta, que se ha colocado a la cabeza del ranking de morosidad del conjunto de las comunidades. Este es el segundo dato: Según el ministerio de Hacienda, Castilla y León ha pasado a ser la comunidad autónoma que más tarda en pagar a sus proveedores, demorándose el pasado mes de junio en una media de 95,58 días, más del triple del plazo de 30 legalmente establecido. Dicha media había sido en mayo de 86 días, en abril de 76 y en marzo de 59.
En este estado de cosas esta es la fecha en la que seguimos sin saber si la Junta podrá disponer de nuevo Presupuesto para 2017 o si la inevitable prórroga de los PGE obligará a su vez a prorrogar el de la administración sutonómica. Una incertidumbre que no contribuye precisamente a enderezar ese preocupante estado financiero de esta comunidad.
Sin un nuevo Presupuesto no será posible, por ejemplo, rescatar el Plan de Convergencia Interior, quedando en papel mojado el precepto legal que contemplaba su recuperación una vez que el PIB de la comunidad creciera por encima del 2% (en 2015 ya creció el 2,9%).
Entretanto, el pacto político para la reindustrialización de Castilla y León permanece empantanado, nadie hace nada por atajar la sangría de la despoblación y qué les voy a contar a estas alturas sobre la situación de sectores como el del vacuno de leche o la minería del carbón...