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EDITORIAL: Una ley que limita las gasolineras sin atención personal

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León

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Castilla y León contará a partir del próximo miércoles con una ley que obligará a las gasolineras a disponer al menos de un trabajador debidamente formado mientras permanezcan abiertas y en servicio. La proposición de ley será ratificada por el pleno de las Cortes, pese a que Ciudadanos no ve «prudente» aprobar en este momento esa norma cuando existe una reclamación ante la Comisión Europea y un informe contrario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los argumentos a favor y en contra de la ley son defendidos en un caso por los consumidores y en el contrario por la patronal del sector bajo la idea, no siempre cierta, de que la desatención de las gasolineras y el sírvase usted mismo posibilita reducciones en los precios de los carburantes. La convicción política, en sintonía con la de la ciudadanía, va en la línea de la exigencia de que al menos haya una persona responsable y formada mientras estas instalaciones estén en servicio, si bien se eximiría de esa obligatoriedad a las estaciones de abastecimiento pertenecientes a cooperativas agrarias para la atención a sus socios y a las situadas en zonas rurales. En Castilla y León hay 1.300 estaciones de servicio, de las que sesenta, en su mayoría ubicadas en polígonos industriales, no están atendidas. De ellas, dieciséis están en la provincia. Es evidente que la ley tiene efectos benéficos incuestionables, como la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas, facilitar el acceso a este servicio de personas con discapacidad, aumentar la seguridad y protección del medio ambiente e incrementar el empleo. Y eso supone la creación de 200 puestos de trabajo, además de evitar que gasolineras ahora atendidas pasen a estar desatendidas.

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