Asalto a la democracia desde las multinacionales

E ste sábado se desarrolla una manifestación en la ciudad de León, que partirá de San Marcelo a las 18 horas, convocada por organizaciones y movimientos sociales, campesinos, vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el Ceta y el Tisa, con el lema Las personas y el Planeta no somos mercancía.

Entramos así en este otoño de resistencia, que se convoca desde los movimientos sociales y altermundistas exigiendo la suspensión del TTIP (entre multinacionales de la Unión Europea y de EE UU) y del Ceta (entre multinacionales de la UE y de Canadá, caballo de Troya del TTIP), la nueva hornada de los tratados mal llamados de ‘libre’ comercio e inversiones, que imponen los intereses económicos de las multinacionales en detrimento de los derechos de las personas. Para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales.

Asistimos al Curso de Verano de Derechos Humanos de la ULE, que se celebró el último fin de semana de septiembre, titulado ‘TTIP: El Asalto de las Multinacionales a la Democracia’, donde expertos y expertas internacionales y nacionales, como Susan George desde Francia, Eduardo Garzón, Adoración Guamán desde Luxemburgo, Arcadi Oliveres o Maria José Rodríguez Rejas desde México, analizaron las consecuencias de este tipo de tratados para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro Planeta explicando que las organizaciones sociales se oponen a este acuerdo porque vulnera derechos laborales, sociales o medioambientales y sólo beneficia a las grandes empresas.

Los documentos filtrados por la organización Greenpeace (los principales textos de la negociación permanecen ocultos a la ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su publicación en 30 años) confirman una devaluación de las normativas europeas en materia de protección de salud pública, consumo y medio ambiente.

Pero igualmente grave es la pérdida de empleos que puede suponer el TTIP. Hay estudios que auguran hasta 600.000 empleos eliminados. La propia Comisión Europea, cuyo discurso gira en torno a la creación de empleo, reconoce que algunos sectores (metalurgia, madera y papel, comunicación, agricultura y ganadería, transporte o electrónica) tendrían pérdidas de empleo.

Una consecuencia derivada de estos tratados comerciales es el aumento exponencial de las privatizaciones de los servicios públicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc., bien directamente o de forma desagregada (ambulancias, comedores, gestión hospitalaria y educativa, etc.). Esto supone la implantación del lucro en los servicios públicos y el progresivo deterioro de los sistemas públicos de protección financiados públicamente, al considerarlos una «competencia desleal» con el sector lucrativo privado.

La equiparación de las normativas con las norteamericanas derivaría además en una rebaja de los estándares sociales y ambientales, al tomar como referente la legislación más laxa de cada zona, como han solicitado las grandes empresas. En la UE, rige un principio de precaución en el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas, mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. Lo mismo pasa con los transgénicos, la carne hormonada (aceptada en EE UU) o piensos fabricados con harinas de origen animal. Dado que EE UU tiene, por lo general, peores estándares ambientales (da prioridad al libre comercio sobre la protección del clima, dada la presión de la industria petrolera) y laborales que la UE, habría una pérdida de derechos sociales, laborales y ambientales cada vez mayor a favor de los intereses de las multinacionales.

Se incluye un capítulo de protección de las inversiones, con el que las multinacionales extranjeras pueden denunciar legalmente a los estados en tribunales internacionales privados, que dan prioridad a la salvaguarda de los inversionistas.

Las experiencias de tratados de libre comercio anteriores han demostrado que las consecuencias han sido las contrarias a las prometidas: incremento de la desigualdad, aumento de los beneficios de las elites acomodadas, estancamiento de los salarios, crecimiento del desempleo, dumping social, declive de la protección social y destrucción de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de su capacidad de negociación colectiva.

No podemos vaciar a la sociedad de derechos y a las instituciones democráticas de capacidad de decisión para cedérselo a las multinacionales. Nunca antes ha existido una oposición a la política comercial y de inversión de la UE como con este tratado. Más de 1.800 gobiernos municipales y regionales, pymes y figuras de la cultura integran un movimiento contra los tratados como TTIP, Ceta y tisa con un impacto político cada vez mayor.

Hoy defenderemos la democracia en unos tiempos en que una economía criminal ha demostrado hasta dónde puede llegar en el saqueo y el atropello a la voluntad popular. Allí estaremos construyendo una «geopolítica de las resistencias» frente a la configuración de un gobierno económico mundial sustraído a cualquier control democrático y regido por el afán de saqueo de nuestros bienes comunes y de nuestros derechos.