EDITORIAL: Administraciones morosas que penalizan a otras

Las arcas municipales de León se ven lastradas porque otras instituciones no cumplen en tiempo y forma con sus compromisos. El episodio parece que atenta de manera evidente contra la lógica aunque lo llamativo es que no es algo puntual ni tampoco insólito. Al Ayuntamiento de la capital de la provincia le adeudan en estos momentos más de nueve millones de euros, entre el Gobierno central y la Junta. Se trata en muchos casos de proyectos vendidos a bombo y platillo pero en los que, cuando llega la hora de la verdad y hay que pasar por caja, los incumplimientos en los plazos son flagrantes.

Cuando faltan dos meses para el cierre del año, desde el Estado únicamente se han transferido 504.680 euros que, además, corresponden al ejercicio de 2015. Y pendientes están el ARU León Oeste, el Palacio de Congresos y la plaza del Grano.

El conflicto real que se genera para las administraciones locales por los retrasos en las tramitaciones o en el pago directo de las cantidades comprometidas es que se obliga a una institución a acudir a las líneas de crédito. Y llegan unos sobrecostes en los que al final es el dinero público, ese que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos, el que se va en pagos de intereses que resultan innecesarios y que serían fácilmente evitables si existiese más seriedad y rigor a la hora de planificar los gastos y las transferencias de capital en todas las instituciones.