Hacia el pacto educativo
L a ley Wert ha sido considerada inaceptable por los sectores progresistas del mundo educativo porque propendía a segregar a los escolares. Las reválidas obligatorias en primaria y 4º de ESO abrían bifurcaciones que dejaban a una parte de la comunidad escolar en la estacada. Y en 4º de ESO, los alumnos debían escoger además si optaban por la Formación Profesional o el Bachillerato, es decir, la vía que conduce a la Universidad, lo que situaba la FP en una especie de segunda división. Y lo que pretenden los críticos con la Lomce es que la igualdad de oportunidades en el origen se extienda a todo el proceso educativo obligatorio, de forma que nadie sea expulsado prematuramente del camino que conduce hacia los estudios superiores.
Tras la investidura de Rajoy y ante la existencia de una clara mayoría parlamentaria favorable a la derogación de la Lomce, el Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos y el PSOE a formar una subcomisión que en seis meses fije las bases del ansiado pacto educativo; y, al propio tiempo, ha acordado con las comunidades autónomas la eliminación de las reválidas obligatorias en primaria y en 4º de la ESO, y la conversión de la última de ellas en una prueba de selectividad muy semejante a la preexistente Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuyas características habían sido acordadas hace un par de semanas por Educación con la conferencia de rectores, la Crue. Los alumnos se examinarán de cuatro asignaturas troncales de 2º de bachillerato y podrán elegir dos asignaturas específicas para subir nota.
La búsqueda del consenso será ardua pero no imposible. Previsiblemente, habrá dificultades sobre las materias —se debatirá el peso de la Filosofía y de la Tecnología, la ubicación de las lenguas clásicas—, sobre la distribución de los contenidos y la posibilidad de refuerzos, sobre el tratamiento de la Religión, sobre la enseñanza en las comunidades bilingües, sobre las condiciones de la concertación, etc. Hará falta lograr un fundamento técnico de considerable solidez sobre el que converjan las distintas actitudes ideológicas, que deberán ceder en aras del acuerdo.
Una vez conseguido el pacto, habrá que implementarlo mediante un presupuesto adecuado. Ha sido un tópico manejado últimamente con profusión que el gasto español en educación era suficiente, por lo que lo que estaba fallando era el modelo. Y esto no es cierto si hay que creer los cuidadosos informes de la Ocde, que lo sitúan por debajo de la media.
Ahora la tarea es vital: hay que elaborar un modelo consensuado de educación y hay que financiarlo. Sin la menor retórica, Nos jugamos en ello el futuro.