Haciendo de la necesidad virtud
C omo hasta mayo no puede convocar elecciones anticipadas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido hacer de la necesidad virtud y está cediendo lo imprescindible para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017. En ese contexto se enmarca la subida del salario mínimo pactada con el PSOE, que de ese modo ha podido justificar ante su decepcionada parroquia su apoyo al techo de gasto, requisito previo para tramitar el nuevo proyecto presupuestario.
Dentro del mismo paquete ha entrado una exigua alza del límite de déficit de las comunidades autónomas, que el próximo año será el 0,6 por ciento, una décima más de lo previsto. A la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, esa décima le parecía poco y había amagado con votar en contra, pero al final se ha arrugado y ha dado por bueno el resultado, que permitirá a la Junta disponer —eso sí, a costa de seguir incrementando la bola de su endeudamiento— de 56 millones más. Una cantidad ésta que, vista la profundidad del agujero financiero de las arcas autonómicas, apenas va a paliar su extremada penuria.
Ese pulso librado sobre el reparto del déficit público no ha sido más que una escaramuza previa a la batalla verdaderamente importante, la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, asunto peliagudo que el PP ha soslayado desde que Rajoy llegó al gobierno. No hay una sola comunidad autónoma satisfecha con el actual sistema, a excepción, claro está, de País Vasco y Navarra, cuyo regímenes forales garantizan su autosuficiencia financiera. El gobierno de Castilla y León cifra en mas de 400 millones de euros anuales el déficit estructural ocasionado por el mantenimiento de los servicios esenciales (Sanidad, Educación, Dependencia y demás políticas sociales) que presta la administración autonómica.
La conferencia de presidentes que por fin se ha decidido a convocar Rajoy intentará desbrozar el camino hacia ese pacto sobre la financiación autonómica, del que ya se ha desmarcado Cataluña, que pretende negociar unilateralmente.
Entretanto, el Gobierno acaba de subir algunos impuestos indirectos, al tiempo que ha creado otro sobre las bebidas azucaradas que, en palabras de Juan Vicente Herrera, constituye «un disparate». Es obvio que se crea por mero afán recaudatorio, pero gravar tributariamente productos nocivos para la salud no carece de sentido. Entre otras cosas, porque un menor consumo de dichos productos redundará a medio y largo plazo en una reducción del gasto sanitario, que absorbe nada menos que un tercio del Presupuesto de esa comunidad autónoma. Podrá disgustar al sector remolachero y a la industria azucarera, pero de ahí a calificarlo de disparate...