A vueltas con el TC

Entre 2003 y 2005, a instancias del presidente Aznar, con Ibarretxe en la mente, y de su mayoría parlamentaria absoluta, el Código Penal incluyó el artículo 506 bis que preveía una pintoresca pena de hasta cinco años de prisión para quien convocare ilegalmente un referéndum. Felizmente, Zapatero eliminó la ocurrencia (sin demasiada oposición por parte de Rajoy) y las aguas volvieron a su cauce. En 2015, Mariano Rajoy, también con mayoría absoluta y con Artur Mas en la cabeza, reformó precipitadamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional para dotarla de potestad de ejecución de sus propias sentencias, como si fuera un órgano jurisdiccional más. Como era de prever, las minorías actuales que pueblan las Cortes están ya acariciando la idea de desmantelar este tinglado que mete al TC en honduras impropias. Y no puede descartarse que esta reforma de la reforma haya de ser finalmente incluida en el paquete negociador cuando fructifique, si fructifica, el diálogo que la vicepresidenta del Gobierno parece totalmente decidida a emprender con las principales fuerzas e instituciones catalanas.