EDITORIAL | Un episodio muy repugnante que no puede criminalizar a toda la Iglesia

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha apartado del sacerdocio y de todos sus cargos a un cura tras las acusaciones de abusos sexuales sobre seminaristas, un episodio ocurrido en la década de los 80 y que no se ha conocido hasta que una supuesta víctima se dirigió por carta al papa Francisco, lo que generó una investigación interna. El propio prelado astorgano envió una carta al denunciante en la que le pide perdón por lo ocurrido —«el profundo dolor de la Iglesia y el mío propio»— y expresa que el sacerdote «está sinceramente arrepentido de lo sucedido y pide humildemente perdón por su conducta moralmente inaceptable y gravemente dañina para él y para la Iglesia», por lo que «ha aceptado con toda humildad la pena que se le ha impuesto». Y el obispo ofrece a la víctima toda la ayuda que pueda prestarle aunque admite que «nada en este mundo podrá reparar suficientemente el daño causado».

Porque sin duda esa es la clave en cualquier procedimiento de este tipo. La sanción sobre el culpable es imprescindible —en este caso sólo eclesiástica al haber prescrito judicialmente— pero siempre permanecerá abierta la herida sin cicatrizar del que se convirtió en víctima inocente de quienes estaban encargados de su educación y custodia, en el lugar que era su hogar y escuela. Es verdad que afortunadamente este tipo de casos son puntuales y que no deben ocultar la impagable labor que desarrolla esa inmensa mayoría de personas integradas en la Iglesia. Pero no hay duda que es exigible un mayor control previo. La clave es la prevención en la Iglesia y en todos los que por su actividad están relacionados con menores.