Victimismo

L os nacionalistas-independentistas catalanes son unos expertos en el victimismo, que es una versión más light del dicho popular que reza: «Hacer de la necesidad virtud». Viven de eso, de ver siempre conspiraciones de los denominados poderes del Estado para desbaratar sus planes secesionistas. No es algo nuevo, porque ese mismo victimismo lo explotaron hace unos años los nacionalistas vascos del PNV. Lo de menos es si se cumple o no la ley, si las investigaciones o denuncias por casos de corrupción que afectan directamente a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de los Pujol, Mas y compañía son ciertas o no. Todo es una operación pilotada «desde Madrit» como les gusta decir a ellos, para ahogar sus anhelos independentistas. Además no tienen ningún empacho en montar los «aquelarres» a las puertas de los Tribunales de Justicia –este lunes el numerito lo organizaron ante el TS donde declaró el portavoz de Convergencia, Francesc Homs— en lo que es una clara muestra de intentar presionar en la calle a los jueces.

Contra ese victimismo que apela a los sentimientos y a las emociones, el mejor antídoto es la aplicación estricta de la ley, de toda la ley y de nada más que la ley. Eso es algo de lo que el Estado ha hecho dejación en varios periodos de nuestra historia reciente en las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas, es decir, el País Vasco y Cataluña. Son numerosos los casos de incumplimiento de la ley en cuestiones que afectan, por ejemplo, al derecho a hablar y a recibir enseñanza en castellano en esas partes de España; al uso de la bandera nacional en edificios oficiales; a la desobediencia por parte de los poderes públicos de sentencias judiciales. El desafío independentista planteado desde Cataluña es el principal problema político que tiene España y por ende sus instituciones. Se apela a la necesidad de diálogo y a que los problemas de índole política se resuelven mediante ese medio. Eso en teoría es verdad, pero en la práctica cuando lo que sucede es que una parte lo que realmente quiere es saltarse la ley, la Constitución, hacer volar por los aires las reglas que nos hemos dado entre todos, entonces el diálogo es metafísicamente imposible y el único camino es cumplir personalmente la ley y hacerla cumplir a quienes se la quieren saltar. Precisamente a eso es a lo que se comprometió el presidente del Gobierno, el actual y los anteriores, cuando juraron su cargo ante el rey.