EDITORIAL | Mil montes con la declaración de utilidad que no siempre es real
La provincia de León se ha situado a la cabeza de España con la declaración de utilidad pública otorgada al monte número mil. Se denomina el Campo de Valle, tiene 188 hectáreas y está ubicado dentro del término municipal de Vegacervera.
La figura de monte de utilidad pública surgió en el siglo XIX para buscar un ordenamiento legal para los terrenos obtenidos en las desamortizaciones y durante más de 150 años ha sido un instrumento fundamental para garantizar la pervivencia de muchas de las grandes masas forestales de la Península.
Pero más allá de esta declaración se echa en falta mayor eficacia a la hora de conseguir que sean de verdadera utilidad pública. Desde la propiedad —ayuntamientos y juntas vecinales— y las instituciones con competencias sobre la explotación de los montes. La posibilidad de que se obtengan beneficios, como se ha comprobado en otros lugares buscando rentabilidades sostenibles con la madera, la resina, las setas o la caza, facilitan el que se ponga freno al éxodo rural y también que se conviertan en una garantía única para que esos terrenos se conserven de la mejor manera posible, especialmente porque se reducen de una forma drástica los incendios forestales.
La utilidad pública tiene mucho camino por delante en la legislación y en las prácticas de las instituciones españolas.
