EDITORIAL | Defensor del Pueblo: entre la queja ciudadana, la mediación y la solución

Lentitud de la administración de justicia, problemas fiscales, cortes de suministro eléctrico, tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, voto de las personas con discapacidad, ruidos en las grandes capitales, contaminación atmosférica y problemas relacionados con la vivienda encabezan las reclamaciones generales presentadas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo. Son cuestiones que se repiten año tras año en el informe anual de la institución, pero que no por ello parecen encontrar solución. En el caso concreto de la provincia, y al margen de algunas quejas sobre Instituciones Penitenciarias en relación con el trato a los reclusos, los leoneses presentaron 222 reclamaciones relacionadas con la indebida atención de las administraciones.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención para que sea investigada una actuación concreta de la administración pública o sus agentes que considere irregular, tardía o poco eficiente. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos. La mediación del Defensor del Pueblo es fundamental para conseguir una administración responsable y eficiente ante los ciudadanos. Y es también la vía por la que pueden exigirse y canalizarse las reparaciones a que hubiera lugar. Si bien su función es más de mediador, árbitro o corrector de deficiencias, la posibilidad de formular esas reclamaciones e incluso sugerencias contribuye a que los ciudadanos participen en la mejora de los servicios de cualquier tipo de administración. La versatilidad de la institución y su eficacia son los mejores avales para una figura que se sustenta en la necesidad de que los derechos fundamentales del ciudadano se vean defendidos y cumplidos, porque sólo desde la eficacia de esos mismos derechos se alcanzará el pleno desarrollo democrático de una sociedad moderna, justa y solidaria.