EDITORIAL | Una ley para un transporte público moderno, eficiente y competitivo
Dar respuesta a las necesidades de movilidad derivadas de las características territoriales y demográficas de Castilla y León es el objetivo de la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que presenta la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y cuyo proyecto fue analizado ayer por el Consejo de Gobierno. Es evidente que el modelo actual de transporte público de viajeros determina una baja o deficitaria rentabilidad que dificulta su mantenimiento y obliga a aportar fondos públicos para garantizar su servicio. Y es evidente también la necesidad de dar una respuesta cabal a la realidad geográfica, estructural y poblacional, con más de 6.000 núcleos sobre la mayor extensión territorial del país. Es una realidad agravada por la baja densidad demográfica de 27 habitantes por kilómetro cuadrado, una amplia dispersión y un acusado envejecimiento ciudadano, especialmente en el medio rural, que determina una mayor dependencia del transporte público.
En esa situación, la modernización del sistema de transporte se presenta como una cuestión clave para avanzar hacia el progreso social y económico. Desde esa idea, el vencimiento en 2019 del actual sistema concesional de transporte público regular interurbano, que tantos problemas ha causado en la provincia, y el hecho de que no se pueda prorrogar parece un buen punto de partida para diseñar una red de infraestructuras que responda a criterios de modernización, confort y seguridad desde acciones e instrumentos que posibiliten su sostenimiento, financiación y gestión.
El transporte público por carretera es un servicio esencial y universal, y en ese sentido el nuevo texto legislativo que se ultima debe garantizar un sistema seguro, moderno y de calidad. Y además tiene que proponer una regulación adaptada a las nuevas realidades sociales y territoriales y asegurar por fin un transporte de viajeros que sea eficiente y competitivo.