El pacto industrial
L as convulsiones internas vividas por los dos principales partidos políticos no han impedido que ambos suscriban esta semana, junto a las demás fuerzas parlamentarias, un Pacto por la Reindustrialización de Castilla y León.
Se trata de uno de los cuatro «pactos de comunidad» considerados prioritarios al comienzo de la legislatura, allá por julio de 2015. Otro era el de la reforma del Estatuto, que ha encallado hace tiempo en el insalvable escollo del sistema electoral. Otro más el de los principios a defender ante el nuevo modelo de financiación autonómica, consenso reforzado con el nombramiento del experto Jaime Rabanal, y que permanece a la espera de que el ministro Montoro cierre los nuevos Presupuestos del Estado y tenga a bien iniciar la negociación multilateral con las comunidades autónomas.
Por último, estaba el pacto para cerrar la inacabable y controvertida Ordenación del Territorio, pelota que el PSOE, cuyo respaldo es imprescindible, ha depositado en el tejado de su Consejo de Alcaldes.
A falta de un pacto sobre la lacerante despoblación, asunto que se ha fiado a una estrategia de Estado, tenemos que el único acuerdo cerrado y concluido es el de la reindustrialización. Y no es cuestión baladí en una comunidad con un monocultivo industrial, el de la automoción, fuera del cual sólo aparecen pequeños oasis dentro de un inmenso desierto. Producto sin duda de haber asumido en la práctica ese principio atribuido al exministro socialista Carlos Solchaga según el cual «la mejor política industrial es la que no existe».
Y aquí, salvo ese apoyo estratégico a la automoción, la única política industrial ha consistido en gastar sin ton ni son en polígonos y más polígonos como un fin especulativo en sí mismo, sin ocuparse de lo fundamental: atraer empresas que se instalen en los mismos para crear puestos de trabajo. La lacra de la despoblación y de los desequilibrios territoriales internos de Castilla y León no puede combatirse sin ese impulso reindustrializador. ¡Qué decir a estas alturas, por poner un solo ejemplo, sobre el futuro de las cuencas mineras!
La letra del pacto suena bien. El objeto es que el sector industrial alcance en 2020 un 20 por ciento del PIB autonómico, incrementar la paupérrima inversión en I+D+i, reorientar Sodical hacia un Instituto Financiero, optimizar el potencial de la Ciudad de la Energía, dinamizar los alicaídos parques tecnológicos…
Además de aunar voluntades y esfuerzos, la implementación de estas políticas requiere recursos contantes y sonantes. Por eso ahora falta que la Junta tenga a bien presentar los Presupuestos de la Comunidad para 2017, que ya viene siendo hora, y en ellos veamos reflejados los recursos públicos imprescindibles para que este pacto no quede en papel mojado.