La desconexión
E ste año en curso, que debería ser el de la celebración del imposible referéndum de autodeterminación en Cataluña, ha sido por ahora el de los preparativos del desacato que el independentismo, al parecer, se dispone a impulsar a partir del momento en que se apruebe la ley de transitoriedad jurídica, o ley de desconexión. Artur Mas, expresidente de la Generalitat, el independentista converso, el delfín y número dos de Pujol, el exconseller en cap y responsable político de las corrupciones que tuvieron lugar durante su dilatado periodo de relevancia institucional en CDC o en el ejecutivo catalán, ha decidido romper la baraja, desdeñar el imperio de la ley, llamar a la sedición y adoptar una actitud un tanto ridícula de revolucionario. Otras personas del círculo independentista han efectuado propuestas semejantes, en un llamamiento claro a la revuelta civil.
Tal actitud parte de una premisa que habrá que demostrar porque muchos creemos que es falsa: la de que la sociedad catalana está dispuesta a seguir el juego díscolo y revoltoso de sus inflamados soberanistas. La historia pesa como una losa en este asunto, y quienes la conozcan medirán aún con más cautela sus reacciones. También el Gobierno del Estado, que es el primer interesado en que todos los actores mantengan una actitud pacífica en este asunto.
En principio, es absolutamente impensable que los Mossos d’Esquadra, que son la fuerza pública propia de Cataluña que debería ejecutar las decisiones judiciales que se adoptarían si tuviera lugar el desacato, obedezcan órdenes ilegales. Pero tampoco es nada probable que la ciudadanía en general, incluso aquella que ve con simpatía la independencia, se extralimite más allá de la que cabe considerar protesta pacífica. Además, la tentativa independentista del soberanismo catalán no tiene ni tendrá apoyos políticos internacionales porque no ha conseguido suficiente masa crítica (no es ni siquiera mayoritaria, como se vio el 9-N y en las últimas elecciones autonómicas) y porque repugna que en un impecable y maduro estado de derecho como el español algunos pretendan provocar una fractura ilegal, anticonstitucional, violenta al fin y al cabo (aunque la violencia no sea física, de momento). Así las cosas, es evidente que el Gobierno español sí posee el respaldo de quienes se lo niegan a los revoltosos. Lo que confirma la gran soledad de los secesionistas, una vez que quede claro su intento de arrojar al pueblo de Cataluña por un oscuro despeñadero.