La corrupción de nunca acabar
E n un Gobierno en minoría parlamentaria la aprobación de los Presupuestos es sinónimo de estabilidad política. Tanto es así que Mariano Rajoy llegó a manejar en la recámara la posibilidad de convocar nuevas elecciones si no era capaz de sacar adelante unas nuevas cuentas del Estado. Al final lo ha conseguido, si bien a costa de complementar el apoyo de Ciudadanos con los peajes nacionalistas de rigor, facturados en este caso por el PNV y las dos minorías canarias. Nada sustancialmente diferente a lo que hicieron en otros tiempos todos los presidentes en minoría.
Con unos nuevos Presupuestos —prorrogables en 2018— y un crecimiento económico sostenido, el PP y Rajoy se las prometían muy felices. Estaban convencidos de que la recuperación económica y la creación de empleo, aunque sea de ínfima calidad, les devolverían no tardando a la posición hegemónica perdida en las elecciones de diciembre de 2015. Su problema es que daban por saldado en las urnas el coste electoral de la corrupción, sin contar con la aparición de nuevos casos que les han colocado otra vez en la picota pública.
La operación Lezo le ha costado al Gobierno las reprobaciones parlamentarias del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado, amén de llevarse por delante al fiscal anticorrupción. Y el PP, que previamente había tenido que entregar la cabeza del presidente de Murcia, no ha podido evitar que una comisión del Congreso investigue su financiación irregular, y que Rajoy tenga que testificar en persona ante la Audiencia Nacional.
Por más que le pese al PP, sus casos de corrupción, antiguos o sobrevenidos, no desaparecen de la agenda política. Y ya no se focalizan únicamente en comunidades como Madrid y Valencia, donde el fenómeno ha sido estructural. Castilla y León se ha incorporado a lo grande a ese infamante mapa con dos casos, el de la trama eólica y el de la Perla Negra-terrenos de Portillo, concurrentes en la Consejería de Economía que durante 12 años dirigió Tomás Villanueva. La millonaria cuantía de las comisiones y sobrecostes que investigan sendos juzgados de Valladolid no es ninguna bagatela. Y el rosario de delitos atribuidos por la fiscalía al medio centenar de investigados casi agota el Código Penal.
Juan Vicente Herrera admite que ha podido existir «corrupción de personas», pero se niega a creer que durante su mandato hayan podido operar tramas organizadas. Sin embargo, la imputación de Villanueva y de otros ex altos cargos de su consejería apuntan claramente en la segunda dirección. Y si esto es así y nadie asume responsabilidades políticas, el PP de Castilla y León puede arrastrar de cara a 2019 un pesado lastre con el que hasta ahora no contaba.