EDITORIAL: En Gersul no queda más remedio que llegar a un acuerdo

Cuando se clausuró el vertedero de Santovenia, hace dos décadas, el Ayuntamiento de León tuvo que vivir un auténtico calvario para deshacerse de sus basuras mientras el resto de la provincia se arreglaba como podía en vertederos locales, eso sí, fuera de todo control. La construcción del CTR en San Román, tras una fuerte oposición vecinal, supuso la centralización de un servicio necesario para una sociedad moderna y la consiguiente creación, en 1997, de Gersul, el órgano para gestionar, y sobre todo recaudar, la tasa que todo ciudadano leonés paga desde entonces por los residuos que genera en su casa, en su empresa o en cualquier propiedad privada. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la gestión sigue estando en cuestión por el pulso que mantienen la Diputación y el Ayuntamiento de León. La institución provincial, que asumió el coste político de la construcción del CTR, entiende que es el Ayuntamiento quien debe asumir el control, léase la gestión diaria de la recaudación, porque es el que tiene más votos en la asamblea mientras desde el Consistorio se niegan al entender que excede a sus competencias gestionar 210 municipios más.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece ahora que debe depender de quien más votos tenga en la asamblea, aunque en otras provincias lo han asumido las diputaciones. Los argumentos de unos y otros son de peso. Por eso se impone una solución política y racional, donde el que no puede perder es el ciudadano. Al final, un problema de gestión administrativa y financiera está generando una crisis difícil de entender desde fuera.