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EL CORRO PEDRO VICENTE
León

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L as Cortes de Castilla y León celebran esta semana el debate sobre el estado de la Comunidad, confrontación parlamentaria entre la Junta y la oposición precedida en esta ocasión por dos aspectos inéditos.

El primero deriva de la bicefalia sobrevenida en el PP de Castilla y León, circunstancia que ha convertido a Juan Vicente Herrera en un presidente de la Junta con fecha de caducidad. Por primera vez en sus 16 años al frente del gobierno autonómico, afronta el compromiso sin presidir al mismo tiempo el partido y el grupo parlamentario que sustenta al Ejecutivo. Su sustituto en la presidencia del PP y virtual candidato a sucederle en la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, será testigo mudo desde su escaño de procurador.

A priori, el hecho habría devaluado la cita si no fuera por los casos de presunta corrupción que se han abierto paso en el debate político de la comunidad, especialmente tras la doble imputación judicial del antiguo vicepresidente y anterior consejero de Economía, Tomás Villanueva. Sin duda, toda una patata caliente para el presidente que lo nombró y que ha venido reiterando su plena confianza en el político al que mantuvo durante 12 años al frente de la consejería de Economía.

La sombra proyectada por los casos de corrupción interconectados en dicha consejería enturbia los datos sobre recuperación económica y creación de empleo que sin duda exhibirá Juan Vicente Herrera, quién además acude al debate con los Presupuestos de 2017 recién aprobados gracias a la consabida abstención de Ciudadanos y UPL.

PSOE y Podemos volverán a pedir en el hemiciclo la dimisión del presidente de la Junta, al que consideran responsable, al menos «in eligendo» e «in vigilando», de los graves delitos atribuidos a Villanueva y otros ex altos cargos investigados por un rosario de presuntos delitos en ambas causas judiciales. Ello, y el previsible recurso al «y tú más», hace prever un debate político bastante crispado, con el riesgo de dilución de los graves problemas estructurales que siguen aquejando a esta comunidad autónoma.

Uno de ellos, el desplome demográfico, constituye el gran talón de Aquiles que presenta la gestión de la Junta. Ya se sabe que es un problema generalizado, pero ningún otro territorio sufre una sangría poblacional de tales dimensiones. Castilla y León ha perdido en los últimos 8 años casi 140.000 habitantes y el tipo de crecimiento económico al que estamos asistiendo no invierte la tendencia. Fiarlo todo a una estrategia nacional es una dejación política deplorable.

Pedro Vicente

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