Recetas de sentido común
E l informe anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León contiene siempre un diagnóstico certero sobre la realidad económica y social de la comunidad autónoma. Más que nada porque maneja datos estadísticos fiables que no admiten mucha discusión. Otra cosa es la terapia a seguir para superar el cuadro clínico diagnosticado, cuestión que obviamente admite un amplio margen de discrepancia.
En el caso del CES, que reúne en su seno a representantes de los sindicatos y patronal, se hace un notable esfuerzo por consensuar las recetas a aplicar, plasmadas en una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. Y el primer hecho que se constata es que el crecimiento económico al que asistimos, cuantificado en una subida del 3,3 por ciento del PIB en 2016, no conlleva una redistribución de la riqueza, sino que, por el contrario, tiende a cronificar la precariedad laboral y salarial y con ellas las crecientes desigualdades sociales.
A partir de esa primera constatación el informe propugna un «crecimiento inclusivo» que pasa inexcusablemente por un modelo productivo basado en el fortalecimiento del tejido empresarial, la calidad del empleo y un incremento salarial que refuerce el poder adquisitivo de las familias. Se cifran en más de 400.000 los castellanos y leoneses que viven por debajo del umbral de la pobreza.
No basta con dar rango de ley con reconocimiento de derechos subjetivos a las personas en situación de vulnerabilidad económica, tal como se ha comprometido a hacer la Junta a partir de la red de protección social desplegada durante la crisis. Se necesita atacar de raíz el problema mediante políticas proactivas contra la exclusión social dirigidas a la inserción de los colectivos descolgados del mercado laboral.
Sin concretar en qué dirección, el CES aboga por «un nuevo marco jurídico laboral» que propicie un empleo estable y de calidad, al tiempo que recuerda que el 90% de los contratos firmados el pasado año fueron temporales. Y como no podía ser de otra forma, el informe redunda en los problemas de despoblación, envejecimiento y emigración juvenil que lastran el dinamismo de esta comunidad autónoma, demandando la puesta en marcha a la mayor brevedad de la anunciada estrategia nacional frente al reto demográfico.
Es cierto que las recomendaciones del CES desbordan las competencias autonómicas, pero, por ser todas ellas de elemental sentido común, en lo que atañe a la Junta debieran ser de cumplimiento inexcusable. Y el seguimiento de los informes anteriores demuestra que ello dista mucho de ser así.