El debate de las pensiones
E l debate de la necesaria reforma de las pensiones sigue abierto en España, lo que da pie a que se vayan acumulando ideas de unos y de otros, sin que por ahora sea posible extraer conclusiones definitivas. Algunas, por tanto, son meras provocaciones, otras resultan demagógicas, no faltan las amenazas y advertencias —a veces con meros fines comerciales para colocar productos privados— y en medio afloran también ideas interesantes. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene como reto pendiente ordenar el debate e ir buscando soluciones con un mínimo consenso político, social y económico. Las pensiones mueven ya más del 10% del PIB español, dos puntos por encima del nivel previo a la crisis, de ahí su importancia para la cohesión social.
Una voz que se abre paso es la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apenas ve margen de aumento con los actuales niveles de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Nada nuevo en el titular pero sí en la argumentación, que es peor todavía. Si se aplica el índice de revalorización de pensiones IRP, introducido en el sistema a fin de hacer sostenibles las cuentas —léase sin seguir la evolución de la inflación—, y se liga a una fórmula que conjuga los datos de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de los últimos 5 años más las previsiones de evolución de los mismos en los próximos cinco años y las previsiones de altas y bajas en el sistema y de la prestación media, las pensiones bajarían un 2,96%. Es más, la AIReF calcula que este índice seguiría siendo negativo hasta 2022. Traducido al lenguaje de la calle: los pensionistas irán perdiendo poder adquisitivo por la evolución de la inflación, que fue cero desde 2013 a 2016, pero que según el último dato interanual es del 1,5%.
Lo fundamental está, por tanto, en la sostenibilidad del sistema, que tiene problemas estructurales, que se acentuarán a partir del 2020 cuando se jubile masivamente la llamada generación del baby boom y los nuevos trabajadores con salarios devaluados tengan que mantener el sistema.
Las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Zapatero (2011) y de Rajoy (2013) —retraso de la jubilación hasta los 67 años, cambio de la base de cálculo de 15 a 25 años, aplicación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019—, harán que los nuevos pensionistas tengan prestaciones más bajas que los actuales. Tanto, que se estima que en 2030 las pensiones estarán en niveles de 2013. Urge, pues, un nuevo Pacto de Toledo donde se expliciten reformas de calado que traten asuntos como la separación de las pensiones contributivas de las que no lo son, la financiación con impuestos además de las cotizaciones y la adaptación de determinadas pensiones —orfandad, viudedad, etcétera— a la realidad del siglo XXI. No queda otra.