Contratos públicos

L a corrupción que hemos padecido, cuyas secuelas no se han extinguido todavía, obliga al sector público a un rigor excepcional en la contratación, que debe ser lo más ventajosa posible para el Estado y garantizar la transparencia, la equidad y la absoluta igualdad de oportunidades entre los contratistas. Esta situación rigorista ha producido disfunciones, como se ha hecho muy notorio en el conflicto de los trabajadores encargados de la seguridad en el aeropuerto de Barcelona.

En este caso, la subasta resultaba improcedente. En materia tan delicada, el procedimiento de contratar al ofertante más barato era descabellado porque, como es evidente, la calidad de la prestación es mucho más importante que el coste. Lo que debió hacerse es calcular primero el precio del servicio, que ha de ser prestado por un número determinado de trabajadores cualificados, con un salario digno pactado con las organizaciones sindicales, y convocar después un concurso entre las empresas previamente clasificadas —es decir, que son capaces de demostrar aptitud y capacidad para cumplir con su cometido—, otorgando el contrato a la que más ventajas aporte y más valor añadido asegure (garantizando, por ejemplo, pluses en materia de puntualidad, de formación de los trabajadores, etcétera).

El ejemplo es extrapolable a otros muchos ámbitos. El proyecto de una obra pública, por ejemplo, no puede tampoco ser encargado a las empresas de ingeniería mediante subasta porque no tendrá la calidad debida y obligará después a reformados continuos en el momento de la ejecución. Lo más barato no es lo adecuado en muchos casos en que lo que se busca es la calidad, la durabilidad, la seguridad. La asociación de las ingenierías españolas (Fidex) exige que la oferta técnica pese el 80% en los concursos (con previo concurso restringido a partir de determinada cuantía), y en algunos países avanzados representa el 100%. Prescindir de la subasta, es decir, de la adjudicación por precio significa renunciar al criterio más objetivo de todos, pero ello no sugiere que se haya de bajar la guardia ante la corrupción. Más bien al contrario: sólo una administración refinada, consciente de sus obligaciones, decidida a preservar de veras el interés general, será capaz de actuar con la inteligencia y el rigor que requiere elegir lo mejor y no lo más barato.