Sobre España, los leoneses también decidimos

A pesar de que son ya varios los años que llevamos conviviendo con el intento de los gobernantes de las instituciones catalanas de separar Cataluña del resto de España, es en las próximas semanas cuando tendremos que afrontar el mayor ataque sufrido a nuestra democracia y a nuestro estado de derecho desde el intento de golpe de estado de 1981.

Las iniciativas legislativas y políticas en pro de la secesión de Cataluña llevadas a cabo en los últimos meses por sus instituciones trasgreden la ley y, sobre todo, menoscaban los derechos de cada uno de nosotros, de cada ciudadano español. Es por ello que, aunque la responsabilidad de actuar sea del Gobierno de España, todos los españoles debemos sentirnos afectados por este asunto y tomar una actitud proactiva en la defensa del cumplimiento de la ley y el respeto a nuestros derechos individuales como ciudadanos y colectivos como sociedad.

La pretensión de convocar este referéndum —declarado, no lo olvidemos, ilegal por el Tribunal Constitucional— y sus consecuencias posteriores atentan gravemente contra algunos de los principios democráticos esenciales recogidos en nuestra Constitución. Sin ir muy lejos, ya el artículo primero de nuestra ley fundamental afirma textualmente que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Dos afirmaciones contundentes y trascendentales a la hora de entender lo que está en juego.

En este sentido, en torno a este artículo, que es ley, cabe reflexionar en diversos sentidos. Primeramente, sobre si el referéndum ilegal que se pretende realizar es una votación para decidir sobre Cataluña, como los independentistas y, lo que es más grave, algunos partidos de izquierda en España afirman, o más bien, es para decidir sobre el futuro de España.

Teniendo en cuenta que lo que ha existido y existe a día de hoy como realidad histórica, nacional y legal es España y que la cuestión atañe a la segregación de un territorio —y su población— que secularmente ha formado parte de la misma, parece claro que realmente estamos ante una votación sobre lo que tiene que ser España en el futuro y que legalmente y según el primer artículo de nuestra ley fundamental nos corresponde a todos los españoles decidir sobre ello.

A mayor abundamiento, hay que mencionar el hecho de que la ilegalidad de este proceso independentista se produce por ser contrario no a cualquier ley, sino a la Constitución del 78. En este sentido, cabe indicar que el único sujeto político que aprobó y decidió que ese conjunto normativo se convirtiera en la piedra angular en torno al cual se desarrollara nuestra convivencia fue el pueblo español, por lo que es ilógico e irracional que sea ahora una pequeña parte de ese mismo sujeto político quien, por un lado, se arrogue la capacidad política y legal de decidir sobre lo que es de todos, y, por otro, se la arrebate al mayoritario resto de españoles.

Por tanto, parece obvio que al aspecto legal se puede sumar el sentido común y los principios democráticos más fundamentales, —tan invocados como vapuleados por los independentistas y algunos de los partidos de izquierda en este asunto— para concluir razonadamente que la decisión de lo que es España debe ser tomada por todos los españoles y, además, es nuestro derecho democrático y legal. Permitir lo contrario sería ir en contra de los principios democráticos, de la ley y del sentido común. Supondría el cuarteamiento de la unidad de la soberanía nacional de España y declararnos incapaces como sociedad de mantener un marco jurídico estable y seguro, respetado por todos.

Si hoy permitimos que solo una parte de la sociedad española, mínima, decida sobre un asunto tan relevante como la integridad territorial de la nación, ¿quién nos garantiza que otro grupo social no pueda unilateralmente alterar mañana otro precepto de nuestro marco legal? ¿Con qué legitimidad se le podría negar?

Por si lo anterior no fuera suficiente, el artículo primero concluye con la afirmación de que es del pueblo español de quien emanan los poderes del estado. Es importante, por tanto, que todos los dirigentes públicos y partidos políticos tengamos claro que la Constitución —aprobada por la inmensa mayoría de todo el pueblo español, también el catalán— es la fuente única de existencia y legitimidad de cada una de las instituciones que conforman el mapa político-administrativo de España. Esta realidad hace aún más gravosa la irresponsable actitud de los dirigentes independentistas catalanes que con su continua actitud desleal y desafiante pretenden menoscabar la legitimidad de la Constitución sin darse cuenta que con ello también menoscaban la de las propias instituciones catalanas.

Aunque ya son transgresiones más que importantes, la vulneración de la Constitución y la conculcación de los derechos de cada uno de los españoles que suponen las diferentes iniciativas políticas del proceso de independencia va, por supuesto, mucho más allá del artículo primero de nuestra Constitución, pero no pretendo solo ceñirme a este aspecto.

En sintonía con la gravedad del asunto y la conclusión de que este es un desafío que debe ser enfrentado por todos los españoles, el Partido Popular presentó en los ayuntamientos de España una moción para rechazar la convocatoria del referéndum ya declarado ilegal y en apoyo a las instituciones del Estado en el mantenimiento del ordenamiento jurídico y la legalidad vigente resultando aprobada, en el caso de León, con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y UPL.

Lamentablemente, los partidos de izquierda no apoyaron esta moción en defensa de la legalidad y de los derechos de todos los españoles en seguimiento de la irresponsable posición adoptada por sus dirigentes de equidistancia entre quienes cumplen la ley, quienes defienden la igualdad entre todos los ciudadanos españoles y quienes quieren transgredir nuestro ordenamiento jurídico y arrebatarnos a todos los españoles nuestro derecho fundamental a decidir lo que es España.

He de admitir que, si bien esta decisión no me sorprendió en las marcas locales de Izquierda Unida y Podemos, siempre dispuestos a despreciar tanto bueno logrado con el esfuerzo de muchos españoles de ayer y de hoy, sí fue sorprendente la posición del PSOE de la ciudad de León que, a diferencia de otros grupos municipales socialistas que sí apoyaron la moción en otras ciudades de España, se abstuvo basándose en que este no era un asunto competencial del ayuntamiento y que no atañía a la corporación municipal. Pobre y escaso argumento para justificar esta posición de perfil del principal partido de la oposición ante el desafío que se aviene y que pretende conculcar el derecho de todos los leoneses a decidir sobre su nación.

Sin embargo y a pesar de la ausencia de los partidos de izquierda presentes en la corporación municipal, los leoneses pueden estar tranquilos con la actuación del ayuntamiento de León y de su alcalde. Asumiré mi responsabilidad como primer defensor del interés de los leoneses, pero también como responsable público -primeros obligados al cumplimiento de la ley- para que nadie, ni persona ni institución, conculque nuestros derechos.

Es por ello que, en seguimiento a la moción aprobada en el Pleno municipal de León y en coherencia con todos los motivos anteriormente expuestos, ofrezco mi apoyo, al que estoy seguro sumo el de la inmensa mayoría de los leoneses, a las instituciones del Estado para la defensa de la legalidad vigente y de los derechos de todos los españoles.

Una defensa que debe ser contundente y sin complejos a la vez que prudente y proporcionada. No caben medias tintas en este caso. Primero cumplimiento de la ley y respeto a los derechos de todos y luego ya habrá tiempo de hablar de política y de buscar soluciones. Siempre acordes a la ley y teniendo en cuenta la opinión de todos los españoles. Sin cumplimiento de la ley no hay democracia y sin democracia la libertad desaparece para que el totalitarismo campe a sus anchas.