Por motivos obvios
C on esta escueta frase justificó la consejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, el cese fulminante del presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, LLuis Baulenas el mismo día en que se iniciaba el curso escolar. Esos motivos obvios no son otros que la necesidad de utilizar centros de enseñanza no municipales para el referéndum ilegal. Ante la negativa «condicional» de Ada Colau, será Ponsatí quien decida que institutos pertenecientes al Consorcio deben abrirse para la votación. Conviene recordar que esta consejera fue nombrada el pasado julio tras la purga en el Ejecutivo catalán de los «tibios» con la causa independentista. Clara Ponsatí accedió al cargo precisamente por su lealtad inquebrantable al «proces». Continúa pues la depuración de cargos públicos en un intento desesperado de sortear las sentencias del Constitucional. Puigdemont y su gobierno han fomentado una serie de expectativas en la sociedad catalana a sabiendas de que el Estado del que forman parte no iba a tolerar una quiebra de la legalidad.
El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep LLuis Trapero, salvará su puesto por la brillante actuación de los Mossos en el trágico atentado de las Ramblas y el reconocimiento a su labor. La obediencia de Trapero y sus policías a la legalidad constitucional, en la medida en que son agentes judiciales, no ha debido gustar al consejero de Interior Joaquim Forn quien aseguró que los Mossos garantizarían el derecho a voto de los catalanes. En las tres semanas que quedan hasta el uno de octubre la tensión va a ir in crescendo no solo en la sociedad y en la calle, sino también las instituciones públicas. Ayuntamientos, consorcios, organizaciones vecinales, centros de enseñanza, centros culturales y otros van a sufrir presiones insospechadas para desoír la prohibición de las urnas. Posiblemente la CUP, en permanente chantaje a Junts pel Si, va a utilizar la calle para demostrar musculo en su insumisión y obligar a Puigdemont a atrincherarse. Todas las incógnitas están abiertas y queda por saber qué otros instrumentos legales baraja el Gobierno de Rajoy en el caso de que Puigdemont ignore una posible inhabilitación y permanezca en su despacho de la Generalitat, o en el supuesto de que, sin urnas trasparentes y votando en parques y jardines, el dos de octubre se declare la independencia. Lo que sí es palmario es que tras las sentencias del Tribunal Constitucional el referéndum no se puede celebrar o España se convertirá en un estado fallido dentro de la Unión Europea.
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