Tinta de calamar
Q ué sucedió para que las otrora boyantes Cajas de Ahorro de Castilla y León se arruinaran en tiempo record hasta desaparecer, arrastrando tras de sí a miles de impositores embaucados con los productos tóxicos emitidos para camuflar su quiebra? Esta es en esencia la pregunta a la que debería encontrar respuesta la comisión de investigación constituida al efecto en el Parlamento Autonómico. Lejos de constituirse en el pretendido «músculo financiero», las seis entidades de ahorro de la comunidad se diluyeron en grupos bancarios domiciliados en otras comunidades sin que nadie asumiera la menor responsabilidad. Ni sus Consejos de Administración, utilizados como botín por los partidos políticos, ni ninguno de los diversos organismos públicos encargados de su control y tutela. Pero vistos sus primeros pasos, mucho es de temer que la comisión vaya a fracasar en el intento. Por razones obvias, el PP es el último interesado en sustanciar responsabilidades políticas sobre un desaguisado al que contribuyó muy directamente. Por un lado, mediante su presencia en los órganos rectores de las Cajas; por otro, desde la Junta de Castilla y León, que pervirtió la tutela que tenía encomendada, anteponiendo espurios intereses políticos a los fines propios y sociales de las extintas entidades de ahorro.
Y el PP, que por sí mismo puede bloquear cualquier comisión de investigación —como de hecho ha sucedido con la de la trama eólica—, no está solo en su propósito de echar tinta de calamar sobre la cuestión. Públicos y notorios fueron los acuerdos con los que el PP y el PSOE se adueñaron del control de las Cajas, los consensos con los que modificaron una y otra vez la Ley regional sobre las entidades y la fallida apuesta conjunta del actual presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el entonces jefe de la oposición socialista, Óscar López, sobre la fusión de todas ellas en una única entidad financiera.
No cabe atribuir exclusivamente el fiasco al pinchazo de la burbuja financiera, que de hecho no impidió la supervivencia de otras cajas mejor gestionadas. Nadie duda tampoco de la negligente actuación del Banco de España. Pero ello no puede exonerar de sus responsabilidades a la propia Junta de Castilla y León, que ejerció torticeramente sus importantes competencias en la materia, y mucho menos a los consejeros y gestores que arrastraron a las Cajas hacia el precipicio.
Habrá que esperar a que comparezcan los políticos directamente concernidos, pero, vista la complicidad del PP y el PSOE en la materia, es de sospechar que ambos se tapen sus respectivas vergüenzas y den al traste con el propósito de Podemos, Ciudadanos e IU de determinar las responsabilidades políticas del «Cajicidio».