EDITORIAL: Cataluña, la ficción secesionista y la hora de la reflexión responsable

Con urnas de plástico opacas —llenas de votos en algún caso, como quedó en evidencia—, sin un censo riguroso, sin papeletas ni sobres, sin validez jurídica y sin ningún tipo de garantías. El pretendido referéndum por la independencia de Cataluña —una absurda intentona de romper con España por medios ilegales desde falacias insostenibles y mentiras repetidas hasta la saciedad— acabó convertido en un auténtico esperpento, un espectáculo lamentable y bochornoso a la vista del mundo que ensuciará la imagen del país por mucho tiempo.

El empecinamiento de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la camarilla guarecida en torno a la Generalitat por traspasar todos los límites de la legalidad ha puesto el más alto listón posible a la irresponsabilidad y ausencia de cordura. Sólo falta que esta misma semana, cuando se cumplan 83 años, alguien se asome al balcón y, como Companys entonces, proclame desde allí la república independiente de Catalunya. Ocurra o no, la sensación generalizada entre la ciudadanía es que se han traspasado todos los límites que imponen la legalidad, la democracia y la convivencia hasta horizontes nunca imaginados. El desprecio a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial —y el maltrato a la libertad de expresión— y la burla y el acoso a quienes no piensan igual deben suponer un punto de inflexión y de retorno a las pautas que han posibilitado la reconstrucción de la democracia y del país y la convivencia ordenada y pacífica durante cuatro decenios.

Es evidente que el actual gobierno catalán no está capacitado para pilotar ese retorno al orden y la normalidad. De la misma manera que hay que admitir el alto precio pagado por la omisión de diálogo que durante tantos años se ha practicado también desde Madrid. En ese sentido parece más que evidente la necesidad de reconsiderar actitudes y enmendar errores, muchos de ellos derivados de las excesivas concesiones políticas y la complacencia ante realidades intolerables: manipulación de la historia, malintencionada gestión de la educación, vergonzosa discriminación del castellano, corrupción, la tropelía del 3% y el poder casi ilimitado de determinados clanes.

En la hora de la reflexión del 2-O parece claro que las acciones penales masivas no son la solución, lo que no significa que todo el peso de la ley no deba recaer sobre quienes pretendieron subvertir el orden constitucional. En esa hora parece exigible también que el Gobierno tienda la mano a una negociación en la que la Generalitat habrá de adoptar el papel de derrotado, entender que hay líneas que no pueden ser traspasadas y asumir que haberlas vulnerado tendrá un coste una vez evaluados los daños, probablemente más cuantiosos de lo imaginable. Porque el empeño de llevar el relato de ficción del secesionismo hasta las últimas consecuencias deja muchas heridas abiertas, dolorosas y que serán muy difíciles de cerrar.