Las consecuencias

A estas alturas y tras lo ocurrido ayer, cualquier palabra dicha para resumir el proceso de sedición desarrollado por los dirigentes de la Generalitat, es una palabra de más. Si todo lo que venía sucediendo nos fue sorprendiendo a medida que tomaba cuerpo, lo que puede suceder, a resultas de las posiciones encontradas entre Gobierno y Generalitat, no puede sorprendernos.

Sería cínico objetar que el president Carles Puigdemont y sus compañeros de viaje en esta conjura sediciosa no han traspasado todas la líneas que marcan la frontera del delito. Se han saltado las leyes, han ignorado los requerimientos de los tribunales de justicia y han desoído todas las llamadas de vuelta a la cordura.

Quienes defienden una posición de equidistancia entre quienes han promovido el proceso de rebeldía —saltándose la Constitución— y quienes, desde el Gobierno de España, están obligados a cumplir y hacer que se cumplan las leyes, demuestran tener pocos escrúpulos. O demasiadas ambiciones políticas. Sería el caso de Pablo Iglesias y el de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, a ratos pirómana (acudió a votar en el amago de referéndum anulado por el Tribunal Constitucional) y a ratos bombera. Visto lo mal que pintan las cosas, sin el menor pudor, acabó diciendo que el resultado del referéndum no permitía declarar la independencia. La actriz que fue y emerge cada dos por tres, ahora, en su condición de subcontrata de Podemos en Cataluña, se ofrecía como mediadora entre las partes en conflicto. Puro cinismo. Patético de no ser trágico. O contribución a la tragedia en la que todo este proceso puede desembocar visto la convocatoria de agitación social realizada por las CUP, socios antisistema de Puigdemont y Junqueras.

Un proceso de rebelión contra el ordenamiento legal que emana de la Constitución aprobada por amplísima mayoría en 1978, acarrea consecuencias. No se puede desafiar al Estado y lamentarse después de la reacción política, judicial y policial encaminada a restablecer la legalidad. La conjura de quienes como denunció el pasado domingo Mario Vargas Llosa quieren acabar con el Estado y el Estatuto no puede prosperar. Dónde haya delito, debe haber castigo. Después, no vale llevarse las manos a la cabeza. Todo esto era innecesario y quienes en un acto de deslealtad intolerable lo han promovido deben pagar las consecuencias.